Uno creería que todo está visto este sexenio, pero no: sorprendiendo nuestra capacidad de asombro, un grupo de senadores tuvieron la ideota de imponer un arancel a la compra de cualquier dispositivo fijo o móvil con capacidad de conectarse a Internet y con funcionalidad de almacenamiento-reproducción de contenidos audiovisuales: los legisladores Miguel Osorio Chong, Miguel Ángel Mancera y hasta los prudentes legisladores Ricardo Monreal y Alejandro Armenta impulsan una legislación que simplemente encarecerá —y con ello desalentará— el uso de smartphones, computadoras, laptops, discos duros externos, memorias USB y hasta de consolas de videojuegos.
El plan senatorial es imponer la obligación a fabricantes o distribuidores de dichos equipos de pagar una cuota por la venta respectiva, supuestamente, en favor de titulares de derechos patrimoniales de autor por la copia o reproducción de sus obras; es decir, una remuneración compensatoria. Pero detrás de esa buena intención emanada de la comisión de Economía de la Cámara alta, a cargo de Roberto Moya, hay una ignorancia notable (y por eso mismo, extraña) sobre los tratados comerciales en la materia comercial, pues nos enfrentaría —como si no hubiese ya muchos frentes abiertos— con Estados Unidos y Canadá en el marco del T-MEC.
De hecho, la Secretaría de Economía, ahora al mando de Raquel Buenrostro, se pronunció contra ese arancel en 2021 al emitir hacia la Cámara de Diputados la Opinión Legislativa No. 206, donde que establecer una remuneración compensatoria en la Ley Federal del Derecho de Autor implica una carga adicional para fabricantes, importadores y comercializadores de tales equipos, afectando a los consumidores y empresas.
Lo prudente sería un análisis profundo de la iniciativa y sopesar el riesgo de adoptar una reforma al vapor que sus efectos son predeciblemente dañinos. ¿O será que los senadores en comento quieren abrir otra ronda de consulta con nuestros socios comerciales con fines electorales?
Moyá, ataque a la libertad de expresión. Resulta que tras hacerse pública la denuncia penal emprendida por la empresa operadora de El Heraldo de México contra José Luis Moyá Moyá por intento de extorsión —quien exigió un pago mensual de 60 mil pesos para frenar una campaña contra el medio y las empresas relacionadas a Grupo Andrade— trascendió que Moyá Moyá acudió a las instalaciones del diario para amedrentar y amenazar a sus colaboradores. Ante este reprobable ataque a la libre expresión y el derecho a la información ejercido por los periodistas que ahí laboran, el representante legal de El Heraldo, Arturo Vázquez, presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y solicitó mecanismos de protección para evitar que Moyá Moyá ejerza violencia en contra del personal y directivos. Actualmente, Moyá Moyá enfrenta una acusación ante la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Benito Juárez, además de investigaciones abiertas en la UIF y la SHCP por “vender preguntas” en la conferencia mañanera de AMLO, preguntas que favorecen a las empresas que lo contratan.
Ataca Raúl El Plomo Rodríguez. Los empresarios, empresas y organismos que integran el Consejo Consultivo del Agua deben tomar nota de la tóxica pataleta que Raúl Rodríguez Márquez está haciendo al ver perdido su sueño de ser vicepresidente en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, sí, José Antonio Centeno Reyes lograba dar un “golpe de Estado” para quedarse otro año al frente de la organización o dejar a un incondicional; como es sabido, Centeno salió en alas del escándalo…, por lo que Rodríguez Márquez perdió el hueso así como perdió la elección al Senado en 2018 al ser postulado por el PRI.Y hoy, con su pesadez característica (por ello lo de “plomo”) enfila contra Shirley Almaguer, nombrada su relevo en el cargo de enlace legislativo de la Canacintra por la nueva presidenta Esperanza Ortega a fin de tender puentes institucionales y restituir la unidad en el organismo: Raúl El Plomo Rodríguez ataca a Almaguer por el hecho de ser la hija de Yeidckol Polevnsky, una de las figuras destacadas de Morena, cuando él intentó durante casi un año hacer pasar a Centeno Reyes como cercano a la 4T. Representantes de firmas como Carso, Nestlé, Arca, Modelo, Heineken, o de instituciones tan afamadas como la UNAM, IPN o TEC de Monterrey, así como activistas ambientales e investigadores en el Consejo Consultivo del Agua, tendrán que tomar nota de ello.
Almendrita pacta con Chupasangre. A reserva de darle detalles, le informo que la directora de Administración del ISSSTE, Almendra Ortiz, soltó un nuevo y pingüe contrato por asignación directa para pruebas de laboratorio clínico a Laboratorios San Ángel, firma creada por Arturo Aguinaga y José María Gutiérrez, ambos exdirectivos del Grupo Fármacos Especializados, de donde salieron por la puerta de atrás acusados de malos manejos. Ya le cuento.