Los grupos dirigentes de la oposición al gobierno actual construyeron exitosamente un discurso mediático alrededor de la idea de la ley como un marco normativo permanente y absoluto, sólido en su complejidad formal, custodiado por especialistas cada vez más sofisticados; un sistema de normas jurídicas sometido a desafíos autoritarios.
Según este relato, la compleja maquinaria de normas, procedimientos, instituciones y funcionarios especializados debe permanecer al margen de los avatares de gobierno. Marchas concurridas y el rechazo del llamado Plan B prosperan gracias a este discurso. El INE es el terreno de una lucha cada vez más intensa que, preocupantemente, no tiene como teatro principal las elecciones próximas en los estados de México y Coahuila, lo que debiera ser su escenario adecuado.
El INE tiene una centralidad que no tiene ningún otro órgano autónomo de la administración pública, convirtiéndose así en el eje de la restauración de un modelo del orden social, donde lo político se resguarda de las gestiones administrativas del Estado. Esta agenda pugna por el modelo de un Estado subsidiario, que ha sido constreñido a renunciar a sus instrumentos, como mecanismos legítimos de integración social.
En la pasada conmemoración de la Constitución de 1917, los discursos pronunciados por los dignatarios de los partidos políticos de oposición y del máximo órgano jurisdiccional del Estado, velaron las armas doctrinales del debate que estaba por acendrarse. Estas peroraciones no podían evadir el reconocimiento de la índole social del constitucionalismo mexicano del siglo XX, efecto de un sacudimiento armado. La guerra popular determinó el pacto constitucional que refundó una comunidad política, la nuestra.
Paradójica, si no es que contradictoriamente, los opositores que se dieron cita en Querétaro terminaron por proclamar la ley como un marco normativo que se basta a sí mismo gracias a la red procedimental de un sistema cerrado, ajeno a los accidentes de la transformación de una sociedad. Si en el origen del siglo XX la ley fue la ratificación de una rebelión popular, la orientación normativa de una nueva sociedad; ahora, ni puede ni debe modelarse por una comunidad política que ha investido mayoritariamente a su gobierno de legitimidad constitucional, bajo la promesa de una reorganización de la vida pública.
La posibilidad de la ley como un instrumento de reorganización de la vida pública, es censurada como la destrucción del Estado de derecho. La disputa por el INE es el vértice de una lucha sorda sostenida entre quienes niegan la posibilidad del constitucionalismo social, coordinados por consejeros sutiles y astutos, y quienes, como un desmentido pertinaz a sus opositores, no cejan en conducir por las avenidas del Estado de derecho, su programa de reorganización del orden social.
Un hecho es indiscutible: la legítima competencia por hacerse del control del poder político, ha investido a ciertos órganos constitucionales del papel de competidores en esa carrera. Aquí está la debilidad más preocupante de un moderno Estado de derecho.
