Nicolás Maduro está cumpliendo diez años al mando de Venezuela. En 2013 murió Hugo Chávez y Maduro se convirtió en presidente interino como sucesor designado del líder fallecido. En las elecciones de aquel año, ganó por estrecho margen al candidato opositor Henrique Capriles Radonski, en una contienda cuestionada por múltiples denuncias de fraudes e irregularidades de parte de la oposición y organismos internacionales.
Maduro gobernó un primer periodo presidencial, entre 2013 y 2019, lleno de turbulencias. En 2014 tuvo lugar un evidente conflicto postelectoral; en 2015, la corriente chavista que encabezaba perdió la mayoría de la Asamblea Nacional en las elecciones legislativas; y entre 2017 y 2022, el país vivió en un estado de convulsión permanente, provocada por la crisis económica, las protestas populares, la represión y el éxodo masivo.
Durante estos años, Tareck El Aissami, uno de los funcionarios de más alto nivel en el gobierno de Maduro, Vicepresidente Ejecutivo y Ministro de Industria y Producción Nacional, ha sido acusado en medios de comunicación de Estados Unidos y Europa de narcotráfico y corrupción. En 2019, una Corte Federal de Manhattan sentenció a El Aissami y Samark López por operaciones de drogas, gestionadas o avaladas desde el gobierno venezolano.
La reacción del gobierno de Maduro a las acusaciones contra El Aissami fue siempre la misma: consolidar al funcionario en el poder como antídoto contra un procesamiento judicial que, oficialmente, se asume como persecución ideológica de los enemigos de la “Revolución bolivariana”. Durante el segundo gobierno de Maduro, a partir de 2019, más cuestionado aún que el primero, por la deslegitimación de la Asamblea Nacional y la inhabilitación de opositores, El Aissami se ha desempeñado como Ministro de Energía y Petróleo, cartera que controla los principales ingresos del Estado venezolano.
En los últimos días, ya cada vez más cerca del arranque del nuevo proceso de reelección de Maduro, en Caracas se ha anunciado la detención de unos seis funcionarios del sector energético y la empresa PDVSA y se ha verificado la renuncia de El Aissami. Las detenciones serían la antesala de una investigación conducida por el propio gobierno sobre negocios ilícitos en el sector energético, pero que involucran a un alto dirigente de la cúpula madurista que ha ejercido funciones vicepresidenciales y de perfil internacional, por sus cercanas relaciones con Irán, Siria, Rusia, Cuba y Nicaragua.
Poco sentido tiene no relacionar este proceso, más parecido a una purga que a una cruzada anticorrupción, con la actual negociación entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos y con el intento de reelección de Maduro, que podría mantenerlo en la jefatura del Estado caribeño hasta el 2031, por lo menos. En Venezuela, lo mismo que en Nicaragua, existe la reelección indefinida: Ortega pronto cumplirá veinte años en el poder y Maduro no aspira a menos.