La legitimidad es un concepto en disputa permanente dentro de todas las sociedades y que no puede monopolizarse. El caso francés, en donde se están viviendo las movilizaciones más intensas de los últimos años, ha puesto a prueba cómo la legitimidad de un presidente y su gobierno —aun cuando fueron elegidos democráticamente— puede no ser suficiente para impulsar unilateralmente cambios que afectarán drásticamente a su sociedad.
En las últimas semanas Francia ha sido sacudida por múltiples y vigorosas protestas contra la reforma al sistema de pensiones impulsada por el presidente Emmanuel Macron. El gobierno busca simplificar el sistema de pensiones (que actualmente tiene 42 regímenes diferentes) y aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años. Éste ha sido un tema permanente de tensión en las últimas décadas, pues desde que el presidente François Mitterrand redujó la edad de jubilación de 65 a 60 años en 1982, todos los presidentes subsecuentes han impulsado (o tratado de hacer) cambios para revertir esta medida, siempre encontrando fuertes resistencias en forma de protestas y manifestaciones.
La tensión es clara, pues mientras hay una bomba de tiempo económica y fiscal que avanza conforme la sociedad francesa envejece y el costo del sistema de pensiones incrementa, la ampliación de las brechas de desigualdades y el desmantelamiento gradual del Estado de bienestar agrava a las generaciones condenadas a un futuro cada vez más incierto. Esto hace de la discusión sobre el retiro, un tema particularmente delicado dentro de la sociedad francesa, pues sin importar que la edad de jubilación actual sea inferior a la del resto de Europa (que se ubica entre 65 y 67 años), una fuerte resistencia a perder los derechos adquiridos. De hecho, según múltiples encuestas actualmente dos terceras partes de los franceses se oponen a estos cambios.
Como parte de su campaña presidencial, Emmanuel Macron prometió impulsar una reforma para aumentar la edad de jubilación y, en su primer intento en 2018, enfrentó una serie de manifestaciones que, sumadas con la pandemia de coronavirus que lo ocupó todo, lo obligaron a archivar la iniciativa. Para su segundo mandato el tema siguió presente como una promesa de campaña, pero dado que Macron perdió la mayoría absoluta en las últimas elecciones legislativas, su capacidad de impulsar una reforma sin el apoyo de los partidos de oposición quedó anulada. Su reforma sólo pudo pasar por el Senado, pero quedó atorada en la Asamblea Nacional.
Es así que Macron decidió hacer uso del controvertido artículo 49.3 de la Constitución francesa, que permite impulsar una reforma sin tener que ser aprobada por la mayoría legislativa, siempre y cuando no se apruebe una moción de censura contra el gobierno en las siguientes 24 horas. Este artículo ha sido utilizado, contando esta ocasión, 100 veces; por lo que no es particularmente atípico. Pero sí se considera que esta vez se ha utilizado para impulsar unilateralmente un tema tan delicado y controversial, la imposición se percibe como un punto de quiebre en la noción misma de la democracia, como ha señalado el historiador y sociólogo Pierre Rosanvallon en una reciente entrevista para Le Monde. ¿Podrá Macron salir adelante en su intento de imponer su plan B o las movilizaciones lograrán detenerlo? Los siguientes días nos darán la respuesta.
