La tragedia en que al menos 39 migrantes latinoamericanos murieron en Ciudad Juárez, devorados por el fuego mientras las autoridades mexicanas se negaron a dejarlos salir, es el punto más bajo de una crisis de manufactura humana que no puede verse como un hecho aislado. Señalar sólo a un puñado de responsables —como el personal directamente asignado al centro de detención—sería equivocado, pues es necesario analizar la política migratoria mexicana en su conjunto.
Hay que recordar que la promesa con la que inició esta administración fue muy diferente de la política que hoy tenemos. El 17 de octubre del 2018, semanas antes de tomar posesión como Presidente, Andrés Manuel López Obrador declaró: “En México, a partir del primero de diciembre, vamos a ofrecer empleo, trabajo, a migrantes centroamericanos. Ése es un plan que tenemos: que el que quiera trabajar en nuestro país va a tener apoyo, va a tener una visa de trabajo. Estamos viendo eso. No atender el asunto sólo con deportaciones o con medidas de fuerza”.
Este aparente giro en la política migratoria era una bocanada de aire fresco para los miles de migrantes que pensaban o ya arriesgaban su vida para buscar mejores condiciones de las que tenían en sus países de origen. Si las autoridades mexicanas estarían de su lado, tal vez no tendrían que ponerse en manos de polleros y criminales que los traficaran y escondieran hacinados, donde lo mismo podían ser abandonados para morir encerrados, secuestrados o simplemente desaparecer sin dejar rastro alguno. Sin embargo, muy rápido esta idea fue cuestionada en Estados Unidos, donde el gobierno de Donald Trump vio en la llegada masiva de migrantes a su frontera sur una amenaza.
Muy a la Trump, un tuit fue el que movilizó todo; el 30 de mayo del 2019, publicó: “El 10 de junio, Estados Unidos impondrá un arancel del 5% a todos los bienes que ingresan a nuestro país desde México, hasta que los inmigrantes ilegales que ingresan a través de México y a nuestro país, SE DETENGAN”. El gobierno mexicano corrió de inmediato a Washington y logró desactivar la amenaza de aranceles. El problema es que catafixiaron a los migrantes para darle gusto a Trump. Por un lado, militarizaron la política migratoria, convirtiendo en los hechos a la Guardia Nacional en una especie de extensión de la Border Patrol, que actuaría ahora desde el río Suchiate. Por otro, convirtieron a México en los hechos en un “tercer país seguro”, pues comenzó la política “Remain in Mexico” en la que los solicitantes de asilo que llegaran a Estados Unidos serían devueltos a México, que se encargaría de “cuidarlos” mientras durase el trámite. El 7 de junio esto se formalizó con una declaración conjunta que se celebró como un éxito, pero que fue una condena para los migrantes.
A partir de ese momento, la preocupación por los migrantes cambió por completo. En lugar de ser destinatarios de una política de protección y respeto a los derechos humanos, se convirtieron en una herramienta que permitiría presionar y negociar de vuelta. Apareció la pandemia, Trump se fue y Biden llegó, pero México ya había encontrado qué hacer con los migrantes, así que no cambió su aproximación. Y probablemente no cambiará.
