Tal parece que contra la reiterada declaración del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que en este sexenio no habrá impunidad, dos casos ejemplifican lo contrario: el de Segalmex y el incendio en un local del Instituto Nacional de Migración, en el que murieron encerrados, asfixiados y quemados 40 migrantes centro y sudamericanos, en los que las acusaciones y responsabilidades recaen en segundos, terceros o cuartos niveles, mas no en quienes estuvieron, o están, responsabilizados de ambos.
En Segalmex, si bien se ha consignado y detenido a buen número de la veintena de acusados de cuantiosos ilícitos que en total, según la Auditoria Superior de la Federación, asciende a más de 15 mil millones de pesos, su director general, Ignacio Ovalle Fernández, fue removido, pero hoy ocupa un cargo en la Secretaría de Gobernación, en tanto en la tragedia en Ciudad Juárez, sólo se ha procedido contra personal de niveles inferiores, pero no al titular de ese organismo, Francisco Garduño Yáñez, defendidos ambos por el propio Presidente por ser “muy honestos y trabajadores”.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
Con el mismo pretexto con el que ignoró las citas a comparecer que le hicieron en la Cámara de Diputados y en el Senado cuando era titular de la SEP, “por razones de agenda”, Delfina Gómez, candidata de Morena a gobernadora del Estado de México, solicita reprogramar la fecha de uno de los dos debates con su adversaria Alejandra del Moral, de la coalición PAN, PRI y PRD, con los que no estuvo de acuerdo por el riesgo que enfrentará.
Cada día suma más y más críticas la “segunda nacionalización de la industria eléctrica”, como calificó el Presidente López Obrador la compra de plantas de la empresa española Iberdrola, que prefirió deshacerse de ellas con muchos años de uso, ganar seis mil millones de dólares e invertirlos en Brasil, en vez de seguir soportando aquí acoso gubernamental.
Juan Luis González Alcántara Carrancá, uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia que coincidentemente fuera propuesto por el Ejecutivo federal al inicio del sexenio, alista un proyecto en el que rechaza que la Guardia Nacional sea transferida a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que será una de las varias resoluciones que habrá en el alto tribunal en próximas semanas en contra de algunas de las iniciativas y propuestas que ha hecho por ser inconstitucionales.
Eso, a pesar de que otra ministra, Loretta Ortíz, propuesta también por el Presidente, pretende que el polémico Plan B de Reforma Electoral, que fue suspendido indefinidamente por su colega Alberto Pérez Dayán e impidió que se aplicara en los estados de México y Coahuila, en los que habrá elecciones de gobernadores en junio próximo, se reactive.
