Lo ocurrido en el últimamente muy movido y célebre Tribunal de Manhattan no es un asunto menor. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, un expresidente es llevado a un juicio penal y sentado en el banquillo de los acusados.
Si se quiere encontrar algún precedente cercano, a lo más, se podría referir el caso de Ulysses S. Grant, presidente entre 1869 y 1877, quien fue detenido (y multado) en Washington por conducir imprudentemente un carruaje a velocidad excesiva. La enorme diferencia que indica la comparación remarca cuan histórico es lo que ocurrió en Nueva York el 4 de abril.
Si bien se le otorgaron algunas concesiones —no haber sido fotografiado esposado, entre otras—, no deja de ser insólito que Trump haya sido oficialmente arrestado, que se le hayan tomado las famosas fotografías de frente y de perfil y las huellas digitales y que, en una audiencia judicial, tras oír las acusaciones en su contra, haya tenido que declararse “no culpable”. Como es sabido, este primer caso le imputa a Trump nada menos que 34 delitos, relacionados con el encubrimiento de los pagos realizados a una actriz de cine para adultos, durante la campaña presidencial de 2016.
Más allá de que en Estados Unidos no hay antecedentes contundentes de condenas judiciales a políticos por utilizar gastos personales como financiamiento electoral —lo cual implica la probabilidad de que Trump no reciba una sanción importante y, por lo tanto, no sirva para detener sus aspiraciones de buscar la presidencia en 2024—, lo más relevante del caso es que demuestra, de forma gráfica, que existen contrapesos que hacen robusta a la democracia estadounidense. Ésta es la buena noticia aquí: incluso si se opina que estas acusaciones no tienen mucha sustancia, el hecho inédito de poner frente a un juez y un jurado a un expresidente tan poderoso y con tantos recursos como Trump, manda la señal inequívoca de que, en un Estado de derecho, nadie puede estar por encima de la ley. Es una buena noticia saber que quien tantas veces ha hecho uso de su poder económico y político de forma irresponsable y despótica, como Trump, puede ser llevado ante la justicia.
Además, parece que éste es solamente el primer juicio de varios que, se dice, vendrán en cascada y por causas de mayor gravedad, en los que sí se podría pensar en la suspensión de su derecho a participar en elecciones e, incluso, en una condena de prisión (que, muy probablemente, sería domiciliaria o conmutada por libertad bajo palabra). En efecto, los casos relativos al intento por alterar el resultado de las elecciones en Georgia en 2020 o la sustracción de información clasificada al término de su administración, y que fue encontrada en su domicilio, llevan a un nuevo límite la magnitud y diversidad de conductas de contumacia y pillaje de tan nefando personaje. Pero la más fuerte y delicada de todas, sin duda, la gravísima violación constitucional consistente en haber instigado el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, toda una intentona de golpe de Estado “popular”.
Sea como fuere, a pesar de la enorme polarización de la sociedad estadounidense, así como la inexplicable y vergonzante plataforma y diversidad de recursos que le permiten considerar una nueva candidatura, es una buena noticia que el sistema judicial funcione como dique para contener las aspiraciones de Trump y que, en última instancia, ojalá termine por lograr que nunca más este personaje, no sólo aborrecible, sino, incluso, claramente con tendencias criminales, vuelva a ocupar la presidencia de Estados Unidos.
