El futuro de la Guardia Nacional

BAJO SOSPECHA

Bibiana Belsasso*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón. larazondemexico

Este martes 18 de abril la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) marcó precedente: aprobó con ocho votos a favor el proyecto del ministro José Luis González Alcántara Carrancá, en el que propone invalidar el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues la Constitución establece que ese cuerpo de seguridad debe tener un carácter civil.

El máximo tribunal anuló la reforma legislativa que daba a las fuerzas castrenses el control operativo y administrativo de 130 mil elementos. Con ello, la Corte ordena que esta corporación regrese a operar bajo un mando civil, que es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

A principios del sexenio se desapareció la Policía Federal, que si bien no era perfecta, sí tenía elementos muy preparados y que trabajaban bien bajo un mando civil. Muy pocos se integraron a la GN, pero el trato hacia los policías fue de rudeza innecesaria.

Se creó la Guardia Nacional, ya sin Policía Federal es la única fuerza a nivel federal que en los hechos hace el trabajo que realizaba la Policía Federal.

Estoy convencida que si se quiere controlar la seguridad en el país, se le tiene que dar certeza y continuidad a una misma institución. La GN está empezando a trabajar bien, pero el camino no ha sido fácil.

Con la votación de los ministros, que están protegiendo la Constitución, se abren muchas incógnitas. Sin la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, ¿qué va a pasar con las prestaciones laborales y su protección jurídica? ¿Los efectivos pierden sus derechos por dejar de pertenecer a la Sedena y a la Secretaría de la Marina (Semar)?

Pero además, se va a tener que buscar la forma de separar la adscripción administrativa del control presupuestal y será uno de los mayores desafíos.

Los ocho ministros que votaron a favor de regresar el mando a una corporación civil indican que es inconstitucional el traslado administrativo, presupuestario, orgánico, funcional y de mando.

En su argumento en general explicaron: “Éste se opone al texto del Artículo 21 (de la Constitución) que, como una garantía del carácter civil de la Guardia Nacional, incorpora expresamente que ésta deberá quedar incorporada a la dependencia del ramo de la seguridad pública, quien formulará no solamente la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, sino sus programas, políticas y acciones”.

Lo cierto es que desde su creación, que fue una de las primeras iniciativas del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019, la Guardia está compuesta principalmente por miembros de las Fuerzas Armadas: Sedena y Semar.

Siguen preparándose

Elementos de la Guardia Nacional durante el Curso de Adiestramiento Especializado de Respuesta Inmediata, el pasado 13 de abril.

Pero no se llegó a acuerdos, se impuso aunque se violara la Constitución. Si se hubiera llegado a consensos muy probablemente no estaría la GN ante esta disyuntiva.

El 80 por ciento de los integrantes de la Guardia Nacional y el 100 por ciento de los mandos son militares. Actualmente, cuenta con 241 cuarteles en todo el país. Los sueldos empiezan a partir de los 19 mil pesos, dependiendo del rango, y además, tienen primas, aguinaldos y vacaciones pagadas.

Pero prácticamente se deshicieron de policías civiles, muchos de ellos con gran preparación. Se había dicho que los elementos civiles se incorporarían con los militares, pero esa incorporación fue muy complicada.

Los ministros Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz aseguran que la Guardia Nacional nunca perdió su naturaleza civil, porque continuaba “adscrita” a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En su argumento, el ministro Zaldívar explicó que la adscripción de la GN establecida en la reforma impugnada garantiza que la corporación conserva su carácter civil. “La formación de los elementos de la GN es en seguridad pública, la finalidad es seguridad pública, la institución es civil”.

Pero para el ministro Javier Laynez en realidad hubo una “readscripción” de la Guardia Nacional a la Sedena, lo que calificó como un “fraude a la Constitución”. Explicó que la transferencia de las funciones de la Guardia Nacional a la Sedena crea una relación de subordinación jerárquica entre la unidad y el órgano al cual está adscrita.

Se había dicho que el futuro de la Guardia Nacional es permanecer en las calles hasta 2028, realizando tareas de seguridad pública. Hoy no hay quien realice esas labores, de no ser esa corporación.

Recordemos que en octubre pasado, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 335 votos a favor, 152 votos en contra y una abstención, el dictamen por el que se amplía la permanencia de la GN, junto con la Sedena, en tareas de seguridad pública, logrando la mayoría calificada necesaria por tratarse de una reforma constitucional.

Y es verdad, no se puede crear una fuerza de seguridad cada sexenio, porque mientras se construye, requiere tiempo y el crimen organizado no cambia cada sexenio. Es más, el que las políticas de seguridad cambien, para los criminales es una gran ventaja.

Y es que entre lo analizado también por el máximo tribunal el pasado 18 de abril estuvo la prerrogativa que tenía el secretario de la Defensa Nacional para proponer al titular de la Guardia Nacional, pero igual por mayoría de ocho votos de los ministros se declaró que dicha estipulación era también inconstitucional.

Esto debido a que vulnera lo estipulado en el Artículo 21 de la Carta Magna en cuanto a que el carácter de la institución debe ser en todo momento civil.

Sin embargo, su adhesión dentro de las Fuerzas Armadas no está perdida, pues el año pasado el Presidente López Obrador declaró que en caso de que su reforma no pasara en el Congreso analizaría la opción que está en la esfera de sus atribuciones.

En ese momento indicó: “Puedo modificar, si es necesario, el reglamento interno en el Gobierno, puede ser por decreto, puede ser una reforma a la Ley de la Administración Pública”.

Pero los decretos no están por encima de la Constitución. Tener una Guardia Nacional hoy es fundamental para el país, pero este tipo de situaciones se tiene que arreglar con acuerdos, no con imposiciones.

Por ejemplo, ¿qué pasaría si esta misma Guardia Nacional es dirigida por un civil? Ninguna solución se ve fácil, pero se tendrá que llegar a acuerdos para poder resolverlo.

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