E l Plan B de Morena en el Congreso sigue dando de qué hablar. Una vez que el Presidente promulgó las reformas a las disposiciones electorales, una avalancha de amparos, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales abarrotaron el poder judicial. La Suprema Corte de Justicia se puso a trabajar de inmediato.
En marzo, el ministro Laynez admitió a trámite la demanda de controversia constitucional interpuesta por el INE y concedió la suspensión solicitada por el Instituto, por lo que hoy se encuentran vigentes las disposiciones previas a la reforma. Esta semana, la SCJN declaró la invalidez de la primera parte del Plan B que reforma la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por considerar que no se siguió el procedimiento legislativo establecido en los reglamentos de la Cámara de Diputados y Senadores.
La sentencia de la Corte identifica que no se dio tiempo suficiente a los legisladores para estudiar la iniciativa. Por lo anterior, da a entender que la mayoría en la Cámara de Diputados no permitió que la oposición y los legisladores en general pudieran conocer con un tiempo razonable el contenido de la iniciativa para discutirla efectivamente y hacer valer los intereses de sus representados. Este argumento y, por lo tanto la invalidez, es posible que se replique en la segunda parte del Plan B que reformaba, entre otros, la estructura orgánica del INE, pero también en 20 iniciativas que fueron votadas en fast track a finales de este periodo legislativo.
Hay un elemento que es importante mencionar, la aprobación en fast track o la dispensa de trámites no es un invento de la Cuarta Transformación, y ha sido utilizada estratégicamente desde los años de la partidocracia (PAN, PRI, PRD), sin que hayan sido invalidadas por la Corte. No es hasta ahora que la Corte se pronuncia en contra del fast track. Siempre hay una primera vez y quizás ahora más que nunca es importante poner la pierna dura con una Reforma Electoral promovida por el partido en el Gobierno.
Sin embargo, la decisión no está exenta de cuestionamientos y perspicacias, que señalan a la Corte como un órgano que le negó al Congreso, representante del pueblo, la libertad de elegir las leyes electorales bajo las cuales deben de regirse. Desde el oficialismo, la Corte está cometiendo un atentado en contra del Congreso y, por lo tanto, de la gente. Lo que yo veo es justamente el sistema de frenos y contrapesos funcionando a todo vapor y en todo lo alto. Los últimos acontecimientos muestran al poder judicial protegiendo la Constitución y al poder legislativo empujando los intereses de la mayoría que representa. Uno puede no estar de acuerdo con los argumentos esgrimidos por uno y otro lado, pero lo que es cierto, es que lo sucedido en esta semana es una muestra clara de democracia y constitucionalismo.