El pasado 9 de mayo la Asamblea Nacional de Nicaragua desapareció legalmente a la Cruz Roja en ese país y confiscó todos sus bienes para entregarlos al régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, en uno de los episodios más claros de la guerra que ha declarado la dictadura contra la sociedad civil y cualquier persona u organización que pueda resultarles incómoda.
La aniquilación de una organización tan reconocida y que durante 92 años había desarrollado labores con fines claramente humanitarios es el ejemplo perfecto de las consecuencias y enemigos de la deriva autoritaria en Nicaragua.
La sociedad civil, en su concepción más fundamental, no es más que un grupo de personas que se agrupan y deciden colaborar alrededor de uno o varios temas de interés común a los asociados. Pueden considerarse desde temas estrictamente privados, como un grupo que decide organizarse para tener un torneo de futbol o darle mantenimiento a un condominio; pero en muchas ocasiones las asociaciones civiles también tienen una vocación de servicio público, como los colectivos que deciden trabajar para cuidar el medio ambiente, proteger los derechos de los niños, ayudar a las mujeres que sufren violencia, proteger a activistas o periodistas y un largo etcétera.
Tener una sociedad civil fuerte, activa y vigilante es fundamental para cualquier democracia, pues al no estar necesariamente vinculadas, controladas o sometidas a los gobiernos, las organizaciones ciudadanas pueden involucrarse y dar una perspectiva externa fundamental en los múltiples problemas públicos, a la vez que les permite convertirse en una especie de vigilantes y contrapesos. Pero, en sus mismas virtudes se encuentran las semillas por las que los regímenes autoritarios las persiguen.
Desde 2018, cuando el régimen de Ortega pasó abiertamente de las palabras a las armas en la represión a críticos y opositores, inició una espiral en la que el objetivo principal ha sido deshacerse de todas las personas y organizaciones incómodas para el gobierno. Una serie de reformas legales fueron preparándose, como una nueva Ley de Agentes Extranjeros que criminalizó el financiamiento internacional de cualquier organización; una nueva Ley de Ciberdelitos que permite encarcelar a cualquier persona que publique algo contra el gobierno; la conocida como “Ley del Pueblo” con la que puede acusarse de traición a la patria a cualquier opositor y hasta despojarlo de su nacionalidad. Por último, en marzo de este año se aprobó una nueva Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, en la que se legalizó la posibilidad de quitar discrecional y arbitrariamente la personalidad jurídica a las organizaciones que se considere que desestabilicen al país y poder confiscar todos sus bienes.
La Cruz Roja fue señalada por haber brindado atención médica a los estudiantes y protestantes que fueron reprimidos en 2018. En menos de 5 años, la dictadura nicaragüense ha desaparecido a cerca de 3 mil organizaciones no gubernamentales. De acuerdo con el medio regional Divergentes, sólo 13% de las organizaciones afectadas se dedicaba a temas de gobernabilidad (el tema que las podría haber enfrentado más con Ortega), pero la mayoría de las instituciones afectadas se dedicaba a temas educativos y de salud. Bajo la persecución política de los opositores, toda la sociedad civil ha sido arrasada, dejando a Ortega y Murillo como los reyes de las cenizas.
