Hay una gran similitud -pero no identidad- entre los Polos de Desarrollo para el Bienestar (PDB) que empezarán a ser licitados (seis de ellos) en unas semanas por la Secretaría de Economía a cargo de Raquel Buenrostro con aquellas siete Zonas Económicas Especiales (ZEE) que fueron coordinadas en el sexenio pasado por Gerardo Gutiérrez Candiani. El principio es el mismo: generar estímulos fiscales y accesibilidad para la inversión privada ligada a las actividades de exportación a fin de impulsar el desarrollo en zonas tradicionalmente deprimidas. Lo malo es que tuvieron que pasar casi cinco años para reiniciar el mismo modelo de las ZEE, pero con la nomenclatura del actual régimen.
Existen diferencias obvias entre ambos proyectos, progresivamente se verá la eficiencia real de los PDB respecto al diseño de las ZEE que fueron canceladas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando ya existían ofertas firmes de inversión privada por dos mil 700 millones de dólares. Su desaparición se realizó ante la mirada impávida del entonces secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien tenía conocimiento puntual de los avances logrados en las definiciones técnicas, jurídicas y en adquisición de terrenos en Lázaro Cárdenas-Unión, Salina Cruz, Puerto Chiapas, Progreso, Champotón, Dos Bocas y Coatzacoalcos.
La primera gran diferencia entre uno y otro proyecto es, evidentemente, geográfica: en favor de las ZEE es una apuesta regional de mucho mayor envergadura que los PDB, pues apostó impulsar desde Michoacán hasta Coatzacoalcos; a favor de los PDB está su focalización en Veracruz y Oaxaca a través del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIP) conectado logísticamente con un tren y dos puertos de altura, Coatzacoalcos y Salina Cruz.
Hoy están modernizadas y mejoradas 80 por ciento de los 302 kilómetros del Ferrocarril del Istmo, resultado del esfuerzo del equipo de Rafael Marín Mollinedo a lo largo de cuatro años; hoy quedan cerca de 60 kilómetros por adecuar en las zonas mas montañosas y donde los conflictos sociales son más agudos.
Culminar esa obra en zonas donde la dificultad técnica se une a la rijosidad de comunidades, sindicatos de transportistas y crimen organizado, es ahora responsabilidad del almirante en retiro Raymundo Morales Ángeles… y también la administración.
Ésa es una diferencia relevante: en las ZEE, la administración sería civil, en los PDB es castrense ¿Qué oferta de incentivos fiscales es la mas atractiva? Ya le cuento.
Capufe, telepeaje ilegal. Quien sabe si alguien le explicó a la directora de Caminos y Puentes Federales, Julita Veites, que un contrato de servicio a las entidades públicas sólo se puede extender por el equivalente a 20 por ciento de su valor, y que se debe de licitar de nueva cuenta una vez concluido el plazo de extensión.
Pero sí se lo explicaron, no le importó lo que vaya a resolver en una revisión la Secretaría de la Función Pública al mando de Roberto Salcedo. Y es que al término de contrato de servicio para cobro, el cruce por casetas a través del sistema electrónico de telepeaje, Capufe no pudo ni desarrollar su propia solución tecnológica (y no había cómo, pues desde enero pasado expulsaron a todos los especialistas de áreas técnicas para contratar a militantes dispuestos a jugar las elecciones con Morena), por lo que le renovó el contrato por dos años adicionales, en directo y sin concurso de por medio, a su mismo operador de telepeaje: CIP-SICE, que lleva Roberto Rodríguez.
Vaya, la asignación multianual en directo, está mas chueco que un plátano. Pero como a Doña Juliata no se le puede ir con eso de que la ley es la ley, simplemente se la brincó.
Muerto Insabi ¿Quién compra en el IMSS? Una de las interrogantes en torno al “cadáver exquisito” que representa en el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar es ¿quien se va a responsabilizar de hacer pedidos, contratos y pagar la compra de medicamentos e insumos médicos 2023-2024 para el sector público de salud?
En principio recaería en la Coordinación de Control de Abasto del IMSS, a cargo de Jorge de Anda García (trabajó en el INE en los tiempos de Lorenzo Córdova)…, lo cual representa un reto peso completo para el IMSS, que deberá centralizar esas compras y evitar que se pulvericen en cada delegación estatal, donde los encargados estatales podrán hacer compras con sus “distribuidores amigos” a precios inflados con cualquier justificación en cuanto a urgencia y/o carencia, compras que finalmente terminarán por costar cientos de millones de pesos adicionales a cargo de los impuestos que paga la sociedad.