Hace unos días la 4T le dio un nuevo revés a Emilio Lozoya, al asegurar que ni la paraestatal ni el Gobierno están satisfechos con los 10 millones 736 mil dólares por concepto de reparación del daño por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
“Nosotros entendemos que una vez que ya se dé por satisfecho la reparación del daño, pues ya no procedería o ya quedaría resuelto el tema de la acción penal, pero esto todavía no está definido. Yo espero que ya en próximos días quede resuelto, no hay, entiendo yo, satisfacción plena, no sólo por parte de la paraestatal, porque lo estoy diciendo, pero incluso del Gobierno federal, entonces estamos en eso todavía”, dijo Octavio Romero Oropeza en una entrevista.
La defensa del exfuncionario federal acusó de recibido y respondió, varios días después, que el monto de la reparación no lo pusieron ellos, sino que se deriva de peritajes y análisis a conciencia que se hicieron desde la Unidad de Inteligencia Financiera y de Pemex.
“… es importante precisar que el monto de la reparación del daño, que por ambos casos asciende a 10,736,351.7 millones de dólares, ya fue reclamado por las instituciones del Gobierno de la República —formalmente y por escrito—, ante el órgano jurisdiccional perteneciente al Poder Judicial de la Federación”, aseguraron los abogados en un comunicado.
Cabe recordar que, a finales de abril, en una de las audiencias más recientes en el Reclusorio Norte, se anunció que el diálogo entre ambas partes para reparar el daño se había destrabado después de un año y ahora sí, por fin, depositarían la lana y como consecuencia quedaría sin efecto la acción penal contra el exfuncionario.
En esa misma audiencia, visiblemente molesto, Lozoya Austin reclamó al juez de control que el Gobierno de la 4T, una y otra vez, ponga trabas a la negociación y sobre todo al monto de lo acordado. El exfuncionario del Gobierno de Enrique Peña Nieto dijo en aquella ocasión que lo que se buscaba era obtener más dinero.
Fuentes cercanas al caso me cuentan que esas charlas continúan, pero nada tiene que ver lo que se declara en medios de comunicación con los acuerdos alcanzados en privado. Esto, me platican, es una de las tantas tácticas del Gobierno para dilatar más el caso y que Lozoya se pase otro rato en el fresco bote.
¿A razón de qué? Recuerde usted que estamos en pleno proceso electoral y que a nadie (de la 4T) le convendría que, tras un acuerdo —chueco o derecho— el exfuncionario acusado de actos de corrupción saliera del botellón feliz y contento y se diera el mensaje de que la batalla en contra de los corruptos ha sido un fracaso (ni nos habíamos dado cuenta, eh jajaja).
Por lo pronto, la familia de Lozoya debería llevarle más libros y otros vapeadores al área VIP del Reno, porque al menos en este gobierno, por lo que se ha visto hasta ahora, no va a alcanzar su libertad ni reparando el daño.
En el baúl. Comenzó de nuevo la pasarela de corcholatas en el Estado de México y Coahuila, con el pretexto de apoyar a las y los candidatos a los gobiernos de esas entidades. ¿Violando la ley? ¿Incurriendo en actos anticipados de precampaña o campaña? Juzgue usted.
Basta por hoy, pero el próximo lunes… regresaréeeeeeeee!!!
