El último capítulo del choque del gobierno nicaragüense con organismos internacionales ha sido la expulsión de la Cruz Roja de la nación centroamericana. El acto es consistente con una tendencia aislacionista, paralela a la autocratización del régimen político, que dinamita los históricos vínculos de Nicaragua con foros de colaboración interamericana, latinoamericana e, incluso, centroamericana.
El aislacionismo es consustancial a la autocratización, pero no se explica únicamente por ésta. El gobierno de Daniel Ortega busca un escenario favorable a la reelección indefinida y, para ello, es preciso una reducción al mínimo del protagonismo de la oposición, por medio del presidio o el exilio, y una reproducción de diferendos internacionales, como el cubano o el venezolano, que obstruyan la vigilancia normativa.
A diferencia de Venezuela o Cuba, el régimen de Ortega no fue sujeto de embargos o sanciones importantes antes de 2018. La reacción internacional comenzó tras la represión de las manifestaciones de ese año y el evidente intento de amordazar a la oposición y a la sociedad civil con miras a la reelección de 2021. Las sanciones dirigidas contra funcionarios nicaragüenses, adoptadas primero por el gobierno de Donald Trump y luego por el de Joe Biden, no califican como embargo o bloqueo.
A pesar de ello, el régimen de Ortega así las presenta y busca no sólo una asimilación de su diferendo a los de Cuba o Venezuela sino una convergencia con otros países sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea como Rusia o Irán. En los dos últimos años, el gobierno nicaragüense ha intensificado sus vínculos con Teherán y Moscú en una suerte de alianza de sancionados, que le asegura un alineamiento geopolítico protector.
Incluso Venezuela y Cuba han mostrado, en fechas recientes, mayor disposición al diálogo con la diplomacia occidental. Podría interpretarse, a partir de estos referentes, que el objetivo de Daniel Ortega es tensar la cuerda lo más que pueda, para luego recuperar legitimidad por medio de transacciones diplomáticas concretas.
Podría, por ejemplo, sondear el regreso de organismos internacionales al país o mejorar sus relaciones con la Santa Sede, a cambio de la liberación de presos políticos o la repatriación de opositores deportados. Pero nada de eso parece estar a la vista en el corto o el mediano plazo. Por lo pronto, el aislamiento resulta funcional a la autocratización, ya que la condición de “víctima de Occidente” es una carta rentable a nivel mundial.
A diferencia de Cuba, donde el sistema político se construyó desde las antípodas de la democracia, en Venezuela y en Nicaragua la Constitución originaria no imposibilita la competencia electoral y la alternancia en el poder. La autocratización es ahí una opción racional de la voluntad de poder, que se hace acompañar de un aislamiento internacional que no causa costos determinantes a los nuevos despotismos.
