Desde la renuncia, bajo presión ejecutiva, del Ministro de Educación, Alejandro Gaviria, a principios de este año, se han verificado algunas fracturas en el bloque gobernante colombiano, que encabeza Gustavo Petro. Se trata de un bloque especialmente heterogéneo, resultado de las alianzas que hábilmente construyó el proyecto del Pacto Histórico en las elecciones presidenciales del verano de 2022, en las que venció la fórmula de Gustavo Petro y Francia Márquez.
La última fisura está protagonizada por el exembajador de Petro en Caracas, Armando Benedetti, plaza especialmente inflamable, dada la tradicional tensión entre Colombia y Venezuela, y el intento del presidente colombiano de descongelar la relación con su vecino sin subordinarse a la línea bolivariana. Benedetti ha hecho revelaciones sobre ingresos irregulares en la campaña presidencial de Petro y ha ventilado públicamente sus diferencias con la exjefa del gabinete de la Casa Nariño, Laura Sarabia, quien, al igual que el embajador, ha renunciado a su cargo.
El escándalo ha llegado a tonos de telenovela, pero deja ver una crisis afín a algunos gobiernos de la nueva izquierda latinoamericana. Varios de ellos están encabezados por políticos como Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador, Alberto Fernández o Pedro Castillo, con trayectorias cercanas a los movimientos sociales y proyectos políticos del primer ciclo de la izquierda fidelista y chavista en América Latina, a inicios del siglo XX.
Para llegar al poder, con una base electoral amplia, esos líderes y sus operadores moderan los discursos y atemperan las expectativas de cambio. Una vez en el poder, le apuestan al núcleo leal de sus electorados, prescindiendo de los sectores más críticos o de apoyo condicional. El resultado es un desgajamiento de la alianza electoral, que los llevó al poder, y que muchas veces genera, como reacción, una radicalización discursiva desde arriba.
Las fisuras no sólo tienen lugar en el círculo moderado que rodeaba al presidente Petro. También en actores con una relación cercana a Caracas y La Habana, como el ELN y la disidencia de las FARC, se ha producido un endurecimiento que complica el panorama del gobierno colombiano. En mayo pasado, la mesa de negociaciones con el ELN entró “en pausa”, el ejército reinició hostilidades con grupos armados, tanto de las FARC disidentes como del ELN, y giró órdenes de aprehensión contra algunos de sus jefes.
La crisis de la coalición de izquierdas genera respuestas desproporcionadas de parte del gobierno. Es otro rasgo que Petro comparte con presidentes de la región, como AMLO, Fernández y Arce, y que denota una peligrosa tendencia a echar mano de la narrativa del golpe de Estado o del lawfare y de la partidización de la diplomacia, que favorece, a su vez, el no menos peligroso hábito de las oposiciones y las derechas de desconocer la legitimidad democrática de un gobierno constitucional.
