Un tragedia está ocurriendo en Chiapas y nadie lo quiere ver. Cientos de personas han sido desplazadas de sus comunidades, las madres están aterradas que grupos del narcotráfico les arrebaten a sus hijos para unirlos a las filas del crimen organizado. Grupos criminales llegan por los jóvenes, los que no se van de manera voluntaria, son asesinados a sangre fría.
Está ocurriendo en muchas partes del estado que geográficamente se encuentra en la frontera con Guatemala, una frontera muy porosa por donde ingresan desde migrantes hasta drogas.
Este fenómeno lo hemos visto en lugares, por ejemplo, Frontera Comalapa. En ese lugar, cientos de indígenas tzotziles han tenido que dejar sus casas y lo mínimo que tenían, hoy sólo buscan salvar sus vidas.
En los últimos días, tres mil habitantes de las comunidades de Lajerío y Candelaria, de este municipio, se vieron obligados a huir por las constantes balaceras y enfrentamientos generados por la disputa entre grupos criminales.
El crimen organizado busca controlar a indígenas chiapanecos, entre otras cosas, para poder ampliar su red de sicarios.
Por un lado, están los grupos afines al Cártel de Sinaloa (CDS) y, por otro, quienes suman violencia a favor del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), este último tiene el control de esa región fronteriza, pero hace unas semanas su rival intentó ingresar y, por ello, se desató la lluvia de balas.
Los enfrentamientos duraron 10 días. Grupos criminales llegaron a la autopista Panamericana, que estuvo dos días cerrada por bloqueos. Las entradas de la cabecera municipal estaban resguardadas por los bloqueos del Movimiento Agrario Indígena Zapatista, un grupo afín del CJNG.
Los pobladores cuentan que las balaceras eran de día y de noche, que los hombres armados derribaron árboles, los cruzaron en las entradas al pueblo y abrieron fuego contra las viviendas. Ninguna autoridad informó sobre el número de víctimas mortales o de heridos.
Hoy, autoridades reportan que 95% de estos habitantes exiliados regresaron a revisar qué había quedado de sus casas, pero para volver, han tenido que dejar a sus hijos en albergues, regresarlos a la comunidad es de altísimo riesgo. Algunos de los desplazados han tenido incluso que resguardarse en cuevas donde se les mandan víveres para que puedan subsistir.
Calientan la plaza
Mientras que el pasado viernes 2 de junio, un grupo de indígenas tzotziles desplazados, originarios del sector de Santa Martha, fueron atacados por hombres armados en una bodega que era utilizada como refugio en la comunidad zapatista Polhó.
Estamos hablando de indígenas que tuvieron que abandonar sus hogares para resguardarse en bodegas, y hasta ahí han llegado los criminales para quitarles la vida. Tan sólo en ese hecho, la cifra oficial es de siete muertos y tres heridos.
Según el Gobierno estatal, se trata de un conflicto agrario por la disputa de 27 hectáreas de territorio en el sector Santa Martha, perteneciente a Chenalhó. ¿A caso el Gobierno estatal desconoce la presencia de los principales cárteles de la droga que operan en su estado?
De acuerdo con los pobladores, el ataque fue perpetrado por el grupo delictivo Los Ratones, identificados como generadores de violencia de la entidad. Ante los hechos violentos en la región, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en conjunto con organizaciones indígenas y de derechos humanos, responsabilizaron de los ataques a la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, la Orcao.
Mientras que el problema en Frontera Comalapa ha tenido otros episodios violentos, como en septiembre del año pasado, cuando vecinos del Ejido Sinaloa denunciaron la desaparición del comisario Rolando Rodríguez, máxima autoridad de la comunidad. Incluso, el medio digital Chiapas Paralelo denunció que criminales se llevaron a Rodríguez después de que acudió a un cuartel del Ejército, en Comitán, a denunciar los enfrentamientos.
Mientras que en abril, criminales se llevaron a Roberto Gómez y sus hijos. Se trataba de otra de las autoridades de Ejido Sinaloa. Según la prensa local, el ataque ocurrió a pocos metros de un cuartel militar.
Las disputas entre el CDS y el CJNG estallaron en julio de 2021, cuando en Tuxtla Gutiérrez fue asesinado Ramón Gilberto Rivera Beltrán, El Junior, hijo de El Tío Gil, exlugarteniente del Cártel de Sinaloa.
Los cárteles han provocado que la inseguridad en Chiapas se agrave y han generado violencia nunca antes vista.
Desde hace años existe un gran conflicto social en el estado. Recordemos que el levantamiento zapatista, en 1994, logró desestabilizar el país y, con ello, empezó el deterioro del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Ahora, el conflicto social es mucho más grave, porque estamos hablando de grupos importantes del narcotráfico que están vapuleando a la sociedad, sobre todo a los indígenas de esa zona, que sobreviven en la marginación.
Si los gobiernos de la 4T, el estatal y federal, no ponen atención a lo que ocurre en Chiapas, se podrían enfrentar a un nuevo y desafiante conflicto en esa zona del país. Es una bomba de tiempo.