La práctica del “no pago” se ha extendido tanto —como humedad en paredes— en la estructura del Gobierno federal que organismos y entidades que habían resultado inmunes, como la Comisión Nacional del Agua, ahora la aplican. De hecho, un grupo creciente de constructores que tenía años de trabajar de manera regular con dicha comisión, no más no puede cobrar en la entidad a cargo de Germán Martínez desde enero de este año, potenciando en la próxima temporada de ciclones los riesgos de inundaciones y deslaves en poblaciones y zonas agrícolas que recibirían los beneficios de las obras inconclusas por impago.
Y es que sus estimaciones de obra nada más no son atendidas, pues. Vaya, si fuesen solventadas y se aceptaran las facturas correspondientes, Conagua daría la liquidez financiera suficientes a esas empresas para dar continuidad a los trabajos para los cuales se les contrató, así como obras extraordinarias solicitadas…, pero que de no concluirse se pone en riesgo vidas y propiedades de las personas a las que van destinados esos trabajos.
En los pasillos de Conagua, en tanto, se comenta que la negativa a ingresar las estimaciones de obra efectuada y pagos correspondientes en facturas se debe al cambio de personal en la Coordinación de Inmuebles y Seguros a cargo de Jesús Vargas, quien desde que tomó el puesto no ha mostrado una gota de disponibilidad para agilizar los trámites de pago a obras ya ejecutadas.
¿Y por qué esos cambios en la coordinación con todo su efecto carambola? Pues se rumora, a diferencia de lo que dice el pañuelo blanco de Andrés Manuel López Obrador, respondió a que se detectaron casos de corrupción entre los que funcionarios (ya despedidos) y empresas con que se acochuparon…, pero en la purga salieron afectados los constructores cumplidos y honestos que han entregado obra en las cuencas y afluentes de Tabasco, Jalisco, Colima y Sinaloa.
Y, como sucede cuando el Gobierno se hace guaje con facturas y pagos, los afectados directos son los empresarios y los cientos de trabajadores empleados que, de manera directa o indirecta, dependen de su salario para llevar sustento a sus familias.
¿El director Martínez volteará a mirar el caso, o ni un vaso de agua servirá?
Bloqueadores antidrón, chupes y el AICM. Dicen las malas lenguas que Ricardo Torres Muela perdió el cargo de director del Servicio de Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano luego de que en estado incróspido contestó una llamada de los altos mandos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes… de ahí que fue de manera fulminante sustituido el 1 de junio por el chihuahuense Javier Alonso Vega. Así que Seneam no tuvo oportunidad de indagar y resolver el problema de la pérdida de señales satelitales que requieren los aviones que se aproximan bajo la nueva modalidad PBN al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que propició la alerta emitida, el viernes pasado, por la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas (IFALPA), que encabeza Amornvaj Mansumitchai.
Para enfrentar un problema de gran seriedad, la Subsecretaría de Transportes de Rogelio Jiménez Pons, el Seneam y la Agencia Federal de Aviación Civil, de Enrique Miguel Vallín, junto con pilotos que lidera Humberto Gual y aerolíneas, empezaron por el principio: ubicaron sistemas de bloqueo antidrones (que no se sabe aún quién instaló), que impiden el flujo preciso de las señales satelitales GNSS, RNP, ADS-B (GPWS) y GPS, lo cual ha activado múltiples alertas en las cabinas de aviones de entrada y salida.
Y desde ayer se instalaron mesas de trabajo, primero para generar rutas alternas hacia y desde el AICM, donde las señales no sean bloqueadas (las actuales vienen del famoso y poco eficiente rediseño aéreo del Valle de México)… y luego para una solución a fondo.
Sobre los “levantamuertos” de la MH. El Instituto Electoral de la CDMX, que encabeza Patricia Avendaño, y el INE, que preside Guadalupe Taddei, están en obligación legal y ética de proceder contra los promotores de la revocación de mandato en la alcaldía Miguel Hidalgo que usaron la firma de 220 fallecidos para intentar remover del cargo a Mauricio Tabe: ambos institutos verificaron el padrón electoral y la lista nominal de electores y encontraron tal abuso (incluyendo firmas de gente en prisión sin derecho a voto) cometido por integrantes de Morena y empleados del gobierno capitalino… y aún les falta verificar la autenticidad de todas las firmas recabadas pues hasta ahora son mil las personas a las que se les usurpó su personalidad para intentar legitimar la farsa revocatoria.
