México es el país más peligroso de América Latina para ser sacerdote. Así lo dice el reporte “Situación de la Iglesia católica ante la violencia en México”, elaborado por el Centro Católico Multimedia.
Se está cumpliendo un año del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la comunidad de Cerocahui, en el municipio de Urique, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Un año en donde las autoridades no actuaron para detener a los culpables, donde no se ha hecho justicia para los padres Javier Campos Morales y Joaquín Cesar Mora Salazar. El presunto responsable del asesinato, un hombre apodado El Chueco, fue asesinado por narcotraficantes rivales.
Para la Compañía de Jesús, a la que pertenecían los sacerdotes, haber encontrado a El Chueco asesinado “no representa un triunfo para la justicia ni una solución real para los problemas de narcotráfico que prevalecen en la Sierra Tarahumara”.
Se dice que El Chueco era un líder criminal del grupo Gente Nueva, considerado como el brazo armado del Cártel de Sinaloa de la facción de Los Chapitos. La Sierra Tarahumara, a donde son enviados principalmente jesuitas, quienes hacen una labor muy importante de apoyo a los indígenas de esa zona, se ha convertido en un campo de batalla entre los cárteles de Sinaloa que enfrenta a los de Juárez y Jalisco Nueva Generación, a través de las células criminales que operan para ellos.
El mismo día que fueron asesinados los sacerdotes, también fue ejecutado un guía de turistas, Pedro Eliodoro. Entró buscando resguardo al templo para pedir ayuda, pero no contó con que los sicarios ingresarían al mismo lugar y comenzarían a disparar, para después llevarse los cuerpos de los tres, que días después los sicarios abandonaron.
Por este triple homicidio no hay ningún detenido, y el único señalado como responsable fue asesinado, sin ser llevado ante la justicia.
Y es que el 5 de junio de este año, en esa misma zona indígena, atacaron la capilla ubicada en la comunidad de Santa Anita en el municipio de Guachochi, a seis horas de donde el año pasado mataron a los sacerdotes.
En este caso no hubo religiosos asesinados, pero el templo recibió una lluvia de balas con 700 casquillos percutidos, de al menos siete calibres distintos. Además, los criminales dejaron en la puerta principal una camioneta calcinada y a unos pasos el cuerpo de un joven decapitado.
El CEM solicitó a las autoridades de los tres niveles mantener la estabilidad nacional en medio de “tanta muerte y crimen que se vive en el país”.
Mientras que el párroco de la catedral de Guachochi, Enrique Urzúa, indicó: “Sentimos que no hay quien esté con nosotros, quien nos acompañe y nos proteja. Hoy estas comunidades: Santa Anita, El Rosado y Nacachi, están desoladas, los mestizos que tienen un vehículo han podido desplazarse, pero nuestros hermanos indígenas no, y no pueden salir por víveres, tienen miedo”.
En total, en esta administración se tiene registro de ocho sacerdotes asesinados, incluidos los sacerdotes jesuitas de Cerocahui.
Entre ellos está el crimen contra el párroco Javier García Villafaña, quien fue localizado sin vida el lunes 22 de mayo de este año al interior de un vehículo en el municipio de Huandacareo, Michoacán. El religioso fue agredido a balazos por sujetos desconocidos mientras circulaba por la carretera Cuitzeo-Huandacareo.
Crece violencia en su contra
Un mes antes, Villafaña había sido asignado a la parroquia de Capachol. Al igual que en otras ocasiones, hasta el momento este crimen sigue impune, pues no hay personas detenidas por su asesinato.
El cuerpo del padre Gumersindo Cortés González —miembro de la Diócesis de Celaya, en Guanajuato—, fue localizado sin vida el 28 de marzo del 2021 con huellas de tortura. Tres meses después, el 12 de junio del 2021, un misionero católico identificado como Juan Antonio Orozco Alvarado perdió la vida durante un fuego cruzado entre dos grupos criminales en los límites de Zacatecas y Durango.
El 22 de agosto del 2019, el sacerdote José Martín Guzmán Vega fue asesinado en el Ejido Santa Adelaida, ubicado en el municipio de Matamoros, en Tamaulipas. De acuerdo con los reportes de la Procuraduría General de Justicia estatal, un individuo desconocido irrumpió en la parroquia Cristo Rey de la Paz y apuñaló al presbítero.
Por estos asesinatos hay párrocos que han alzado la voz, incluso Jesús Alfredo Gallegos Lara, un sacerdote de Michoacán conocido como Padre Pistolas, indicó que los feligreses deberían portar armas de fuego ante la inacción de las autoridades.
Entre 1990 y 2022, 90 sacerdotes y religiosos han sido agredidos, de los cuales 70 han sido asesinados.
Esta violencia ejercida contra los religiosos incrementó y no sólo con ejecuciones, también ha ocasionado la desaparición de un cardenal, 61 sacerdotes, un diácono, cuatro religiosos, nueve laicos y una periodista católica.
El Centro Católico Multimedia indica que en la actual administración se han incrementado delitos de extorsión y fraudes contra sacerdotes y religiosos. También se han presentado con más frecuencia ataques a templos católicos.
En su informe del 2021 advierte que “más del 80% de los casos de asesinatos, extorsiones, ataques y robos contra templos católicos no han sido resueltos”.
Hasta hace unos años, los sacerdotes tenían una imagen de autoridad, que incluso los delincuentes respetaban. Hoy, ser sacerdote es de alto riesgo, principalmente porque tiene información, porque mucha gente de la comunidad platica con ellos, pero también hay criminales que saben que en las iglesias hay dinero en efectivo de las limosnas.
Hoy, los criminales no respetan nada, la situación de seguridad para los ciudadanos es cada día más riesgosa, y hoy México es uno de los países más peligroso para vivir para muchas profesiones.