El Presidente López Obrador ha defendido durante su gobierno la excarcelación de víctimas de tortura “a pesar de la polémica que levante”, según sus propias palabras. Liberar acusados cuando éstos fueron torturados. E insistió: “Y puede ser polémico y no nos importa, pero no podemos nosotros continuar con esas prácticas medievales, completamente contrarias a los más elementales derechos humanos”.
Casi desde la psicología social, AMLO sostuvo que hay una penetración de la sed de venganza en la mentalidad del mexicano, proveniente del pensamiento conservador. Cuando un familiar es víctima de un delito, los parientes quieren “que al que cometió el delito se le elimine, que no se le tenga ninguna consideración, que no haya piedad, entonces, en esos casos, se dice ‘tiene que hablar, no le hace que lo torture’. Pues eso, no lo consideramos humano”, dijo célebremente en una mañanera de julio de 2021.
Hoy sabemos que varios de los asesinos materiales de Ayotzinapa están libres y reincidiendo, porque la prueba principal contra ellos era derivada de tortura y, como consecuencia, fueron liberados. Y ni siquiera fue por la aplicación de una regla tan clemente como la defendida por el Ejecutivo pues, en nuestro derecho penal, cuando hay tortura, se debe castigar al torturador, pero, con respecto al acusado, sólo se excluye la confesión que le arrancaron con violencia y las pruebas afectadas por esos actos de tortura. No se le libera necesariamente cuando existen otras pruebas en su contra. Y es que en los países donde los niveles de violencia son excesivos, como México, las liberaciones de culpables probados, aduciendo vicios de forma, significan que futuras víctimas (mujeres, niños, hombres inocentes) paguen por los errores del torturador o fiscal incompetente. Implica que los criminales reciban un premio por los actos ilícitos de la autoridad.
En el sonado caso de la jueza Angélica Sánchez, de Veracruz, ha sido perseguida por su supuesto laxismo, en concreto, por cumplir con un amparo en el que se estableció que la mayoría de las pruebas presentadas contra un presunto homicida eran deficientes.
Cuando la jueza hizo gestiones para que la libertad se ejecutara, se dice que traficó influencias. Cuando se equivocó al invocar un dígito del número del juicio de amparo, se adujo que había actuado contra la fe pública. Cuando dio un plazo de una hora para liberar al acusado (porque las libertades siempre se ejecutan de manera inmediata), se le linchó.
Las noticias de todos los días en nuestro país tienen que ver con ambientalistas asesinados, balaceras, comunidades reprimidas por manifestarse, y ahora jueces y exfiscales encarcelados. Opera la severidad contra los funcionarios y contra la sociedad civil, más que contra el crimen organizado y desorganizado.
Es posible que las presiones desde los gobiernos federal y locales doblen al Poder Judicial. Ya ocurrió con el INE y hoy tenemos un paisaje electoral completamente distinto al de hace seis años. Supongamos que también cambia el modo de impartirse la justicia. Pero, si los jueces se someten, la pregunta es a quién van a tener que hacerle caso, ¿al poder clemente o al inquisitorial?
