Las políticas migratorias en muchos países están causando graves estragos y manifestaciones importantes.
Por ejemplo, en Francia, luego del asesinato de un joven musulmán de 17 años a manos de la policía, se enfrentan los resultados de una política migratoria que para algunos es considerada como discriminatoria y por otros muy abierta. Durante toda la semana pasada en varias ciudades, principalmente en París y Marsella, decenas de miles de migrantes realizan actos vandálicos y se enfrentan a la policía.
Las protestas se intensificaron cuando un joven de 17 años, Nahel, repartidor de origen argelino, fue asesinado por un disparo de la policía tras no detenerse en un control de tráfico.
El acto fue videograbado y aunque el policía responsable está tras las rejas, acusado de homicidio voluntario, el hecho, enmarcado en un cuadro de violencia cotidiano de enfrentamientos de policías y migrantes, provocó el estallido social.
Los familiares de Nahel y hasta el astro del futbol, Kilian Mbappé, pidieron no seguir con los actos vandálicos, pero aun así Francia arde ante el enojo de miles de inmigrantes, muchos legales, que sienten que son tratados como ciudadanos de segunda. Esto abre una vieja herida que involucra a jóvenes descendientes de migrantes que no tienen acceso a los mismos beneficios de aquellos que nacieron y tienen origen galo. No ha habido una real integración, pero también ello es el reflejo de muchos franceses que la rechazan. En esa lógica polarizadora los que se imponen son los extremos políticos y sociales.
Estos jóvenes que viven en los suburbios de París dicen que aunque muchos tienen un buen comportamiento social, estudian, trabajan y tienen la ciudadanía francesa, son discriminados y amedrentados por la policía. En lo que va del año, tres personas han muerto durante controles de tráfico de la policía y el año pasado 13 personas murieron en incidentes similares, la mayoría fueron víctimas de origen afrodescendiente y árabe.
Francia, además, ha legalizado a muchos migrantes porque enfrenta una reducción de natalidad entre ciudadanos galos, pese a que son quienes más hijos tienen per cápita en un país europeo. Con la llegada de migrantes, su población ha incrementado, pero la mayoría son de ascendencia argelina y tunecina. Y aunque sean personas nacidas en Francia, por tener rasgos árabes o africanos, son discriminados y no son tratados como franceses.
Incluso, ante el incremento de migrantes de África y Medio Oriente, el gobierno de Francia sostiene que ello incrementó la violencia, y cambió, en 2017, el Código Penal para permitir un uso más amplio de armas de fuego a la policía, incluso las autoridades afirmaron que se enfrentaban a mayores niveles de violencia con la llegada de indocumentados.
Esa permisividad en el uso de las armas es lo que genera un conflicto mucho más grande en temas de seguridad, como ha sucedido con las policías en Estados Unidos. Antes de las modificaciones a la ley, los agentes de policía tenían que probar la defensa propia para justificar la utilización del arma. Ahora con que simplemente se sientan amenazados pueden reaccionar. Otro tema que no ayuda es la realización de ataques terroristas como los que sacudieron París en 2015, que justificaron legalmente las reformas policiales.
Otro tema importante es que en Francia, el acceso al servicio de salud para los migrantes está restringido y los menores de edad que llegan solos al país galo, terminan en la calle porque el gobierno quiere hacerse cargo de los migrantes ilegales.
Crece violencia ante mayores restricciones
Es muy diferente en Francia ser un inmigrante legal que uno ilegal, aun así, con los indocumentados legales o franceses hijos de inmigrantes legales, existe una discriminación social importante que explica este tipo de disturbios, aprovechados también por sectores desestabilizadores (desde musulmanes ultraradicales hasta la extrema derecha).
Francia busca endurecer las reglas migratorias y, con ello, contener la llegada de extranjeros ilegales a su territorio, en 2022 contabilizaron más de 135 mil pedidos de asilo, lo que representa un incremento del 30 por ciento respecto al 2021.
Por ello impulsa una política migratoria que agilice la expulsión de migrantes que llegan de forma ilegal, que incluye disminuir casi en su totalidad los recursos habilitados para demorar o evitar las audiencias, reduciendo las instancias de apelación de 12 a 4, y que los tribunales de todo el país puedan revisar los expedientes, pues actualmente sólo lo hace el tribunal de París.
El problema migratorio ha provocado tensiones diplomáticas entre Francia e Italia. Cientos de personas procedentes de Túnez y Libia buscan llegar a Europa Occidental, incluso el presidente Emmanuel Macron y la primera ministra italiana Georgia Meloni se enfrentaron tras la negativa de esta última de admitir un barco de la ONG “SOS Mediterranée” con más de 230 migrantes, lo que obligó a Macron a conceder el desembarco en el puerto de Tolón.
Francia acusa a Italia de no realizar esfuerzos para ayudar y contener el flujo migratorio, pues con el desarrollo del corredor marítimo entre Túnez e Italia, ha aumentado el número de cruces clandestinos de la frontera europea.
El flujo migratorio ilegal también ha generado conflicto en América. El tema de la migración es central para las elecciones del 2024 en EU. En el estado de la Florida, a partir del pasado 1 de julio, se puso en marcha un nuevo plan migratorio que es el más restrictivo de la historia reciente de Estados Unidos.
Según el gobernador Ron DeSantis, la ley servirá para tomar medidas contra la creciente amenaza que supone la inmigración ilegal, ante lo que califica como “el fracaso” de la administración de Joe Biden por no asegurar las fronteras.
Las nuevas reglas en Florida indican que quien transporte a alguien que ingresó ilegalmente al país podría enfrentar una sentencia de cinco años de prisión o una multa de cinco mil dólares por persona. También exige a las empresas con al menos 25 empleados que verifiquen el estado migratorio de los trabajadores en una base de datos federal llamada E-Verify, y sanciona a los empleadores que a sabiendas den trabajo a “extranjeros no autorizados”.
Desde mayo, cuando se dio a conocer parte de este plan, surgieron vacantes en obras de construcción y granjas donde los migrantes trabajan regularmente, en un estado que basa su economía, en buena medida en inversiones latinas. Muchos transportistas de origen latino se han negado a llevar mercancías a Florida en protesta por la nueva ley.
La fuerza laboral en Florida depende mucho de los migrantes, hay muchos empleos en el campo y en el sector de servicios como restaurantes y hoteles, en sectores como la construcción y la agricultura ocupados casi exclusivamente por latinos, y representan el 25 por ciento del Producto Interno Bruto de ese estado.
Expertos aseguran que la ley significará menos ingresos para las arcas del estado y menos recursos para el sistema de salud de Florida y puede elevar los precios de los productos básicos, los costos de construcción y hoteleros.
Los migrantes también enfrentarán conflictos a la hora de tener un problema de salud, porque los hospitales en Florida ahora están obligados a pedirles documentos y no pueden ingresar a quien no esté legalmente en el estado.
Y como si fuera poco, en las leyes sobre seguridad que relacionan con los migrantes, impusieron una nueva ley de armas que permitirá portar armas sin una licencia.
Son medidas electorales que pueden ganar votos en la población más temerosa de la migración y partidaria de las armas, pero que provocarán un profundo daño social en un estado definido por la migración como Florida.
