Durante el último año se han producido no pocos diálogos y acuerdos entre el gobierno de Nicolás Maduro y representantes de varias asociaciones de la oposición venezolana. Algunos gobiernos de la región, como el mexicano, el argentino y el colombiano, y no pocos organismos internacionales como la ONU y la OEA, han respaldado esas interlocuciones.
En todos sus posibles calendarios y protocolos, esos diálogos han partido de la necesidad de conceder garantías a la oposición para postular sus candidaturas y gozar de los derechos políticos que garantiza la norma constitucional venezolana, haciendo campaña y compitiendo libremente dentro del territorio nacional. De acuerdo con esas expectativas, tres candidatos por lo menos, Freddy Superlano, Henrique Capriles Radonski y María Corina Machado, han adelantado sus postulaciones para unas elecciones primarias, a realizarse en octubre de 2023.
La Comisión Nacional de Primarias de Venezuela ha asegurado que ya son catorce los candidatos inscritos para esa contienda electoral. Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro comienza a utilizar cada vez más abiertamente la amenaza de la inhabilitación, para entorpecer el proceso. El caso más reciente es el de María Corina Machado, una de las figuras más visibles del bloque opositor.
De acuerdo con la Contraloría oficial venezolana, Machado fue inhabilitada por quince años en 2015, por lo que no podría postularse para un cargo público hasta 2030. Aquellas inhabilitaciones se produjeron en el momento en que el gobierno de Nicolás Maduro desconocía el triunfo de la oposición en las elecciones legislativas, que le arrebataron el poder de la Asamblea Nacional.
Las decenas de opositores inhabilitados entonces por Maduro confirmarían un caso masivo de lawfare, figura que con frecuencia esgrime la izquierda latinoamericana para acusar de golpista a la derecha. Lo cierto es que en pocos países de la región ha existido tan generalizada politización de la justicia como en Venezuela. Al punto de que buena parte del liderazgo opositor se encuentra exiliado o inhabilitado dentro del país.
Al propio Capriles Radonksi, que no se ha exiliado, se le recuerda en los medios oficiales que también tiene cargos pendientes. Ese estado de chantaje judicial permanente empaña la única salida posible al atolladero venezolano: unas elecciones limpias en las que la oposición tenga los mismos derechos y las mismas posibilidades del gobierno para llegar al poder.
Hace bien la Comisión Nacional de Primarias en rechazar las trabas judiciales interpuestas por el oficialismo venezolano. Si las elecciones primarias opositoras logran realizarse este octubre, la salida democrática en Venezuela estará más cerca que nunca en los últimos años. El gobierno de Nicolás Maduro hará lo imposible para que un candidato único del bloque opositor no contienda en igualdad de condiciones. Pero el camino es democratizar el despotismo.
