El miércoles en la noche se veían cientos de manifestantes en los alrededores del congreso de Perú. Era una manifestación colorida, en la base de la estatua a Simón Bolívar, llena de mujeres con mantas, túnicas y faldas amarillas, rojas y verdes. Otro grupo de jóvenes vestidos de negro, y otro más allá, de camisa azul y pañoleta roja, rondaba la Plaza Mayor.
Las consignas se dirigían, mayormente, a pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Pero era inevitable pensar, ante aquella multitud, que en esos sectores el rechazo es generalizado contra el poder ejecutivo, legislativo y judicial, presente en la plaza bajo la vieja y magnífica estructura del Palacio de la Inquisición.
El grito que más se escucha es que se vayan todos, la presidenta, el congreso y los ministros. Ya menos se escucha el reclamo de la liberación de Pedro Castillo, cuyo restablecimiento en el gobierno resulta cada vez más improbable como el propio desmantelamiento total de los poderes ejecutivo y legislativo de la república.
Al aceptar su permanencia hasta 2026, Boluarte perdió el pequeño margen de aceptación que poseía como presidenta interina. A través de ese alineamiento con el sector más claramente golpista del congreso, sus posibilidades de mediación se redujeron al mínimo, colocándola en una posición defensiva.
El mejor saldo de estas movilizaciones ha sido el avance de una estructura de unidad asociativa, encabezada por la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CONUL), que reúne movimientos sociales, organizaciones sindicales y grupos gremiales juveniles. En los márgenes de la CONUL ha surgido otra red de organizaciones juveniles, el Frente Recuperemos la Democracia (FRD), que presiona por volver a colocar en el centro la demanda del adelanto de elecciones.
Para buena parte de analistas de medios como El Comercio o La República las manifestaciones están perdiendo poder de convocatoria. Sin embargo, observan que ni en la capital ni en las regiones cesan las protestas. La socióloga Noelia Chávez de la Universidad Católica y el politólogo de la Universidad Mayor de San Marcos, Juan de la Puente, coinciden en que la repetición de las marchas es el eje de la resistencia.
Otro sociólogo, Omar Coronel, observa que si bien el reclamo de renuncia es demasiado generalizado, contra toda la clase política en el gobierno y el parlamento, siempre que se dirige al congreso apunta, fundamentalmente, al fujimorismo. Eso significa que las movilizaciones están intentando evitar que el fujimorismo capitalice el vacío de poder generado por la renuncia de Castillo y el demasiado largo interinato de Boluarte.
Lo que buscarían tanto la CONUL como la FRD es un adelanto de elecciones para el 2024 o, incluso, 2025, que impida esa capitalización fujimorista. Algunos llegan a hablar de convocatoria para una asamblea nacional constituyente, pero el mayor peso de las demandas está puesto en una recalendarización de las elecciones.
La mezcla de presión y negociación, más con la presidencia que con las fuerzas más hostiles al cambio dentro del congreso, podría conducir a un escenario en que el poder ejecutivo considere más provechoso facilitar la sucesión presidencial con fuerzas políticas que le resulten ventajosas en un futuro de alta incertidumbre.
De la capacidad de esa alianza depende que la presidencia encuentre un salvoconducto para el periodo que siga a su mandato provisional. No tanto porque Boluarte contemple alcanzar alguna posición de peso después de su salida del palacio nacional sino para evitar el mismo destino de tantos mandatarios peruanos en los últimos años.
La crisis política peruana es tan profunda, lo mismo desde el punto de vista estructural o coyuntural, que cualquier enfoque partidista o personalizado conduce al fracaso. No hay solución “castillista” o “fujimorista”: apenas una normalización del ciclo electoral y, luego, una reforma o un constituyente.
