Se habla ya, a partir de cuentas que no cuadran, de la necesidad que tendrá el próximo gobierno de realizar una reforma fiscal que, de tener lugar, será una reforma tributaria, centrada en las preguntas qué impuestos cobrar, a qué tasas cobrarlos, y a quién cobrárselos, como por lo general se conciben, desde los gobiernos, las reformas fiscales, como cuestiones meramente tributarias.
La razón por la cual se habla de la necesidad de una reforma fiscal es porque se prevé que los ingresos no alcanzarán para cubrir los gastos, por lo que habrá que incrementar los primeros, lo cual puede hacerse aumentando las tasas de los impuestos que ya se cobran, creando nuevos impuestos, endeudándose más, vendiendo activos, pero también reduciendo gastos, opción por la que ningún político opta, porque su poder depende del presupuesto que maneja, por lo que ninguno favorece la reducción del gasto sino el aumento de impuestos.
Una reforma fiscal correcta, aceptando que lo fiscal tiene dos frentes, gastos e ingresos, debe comenzar preguntándose en qué, cuánto y cómo gasta el gobierno. En nuestro caso gasta en lo que no debe, razón por la cual gasta más de lo que debe, con el agravante de que gasta de mala manera, por lo que una reforma fiscal correcta debe comenzar por el frente, no de los ingresos, preguntándose qué impuestos cobrar, a qué tasas cobrarlos, y a quién cobrárselos, sino de los gastos, cuestionándose en qué, cuánto y cómo gasta el gobierno, preguntas que deben responderse desde la respuesta correcta a esta otra: qué debe hacer el gobierno, cuáles son sus legítimas tareas, aquellas a las cuales no puede renunciar sin dejar de serlo, tareas relacionadas con garantizar la seguridad de los ciudadanos: prohibir violar derechos, prevenir su violación, castigar a quienes los violen, obligarlos a resarcir, es decir, motivar a los ciudadanos a la práctica de la justicia: el respeto a los derechos de los demás, y ejercer la impartición de justicia: castigar al injusto y obligarlo a resarcir.
El problema es que ningún político propondrá una reforma fiscal que empiece revisando en qué, cuánto y cómo gasta el gobierno, y menos aceptando que gasta en lo que no debe, razón por la cual gasta de más, y muchas veces de mala manera, para después corregir los excesos y defectos. Cualquier político propondrá una reforma fiscal que se limite a preguntar qué impuestos cobrar a mayor tasa, qué nuevos impuestos empezar a cobrar, a quién cobrárselos.
El tema da para una serie, pero por lo pronto quedémonos con la idea de que, dado que el gobierno gasta en lo que no debe, gasta de más, y muchas veces de mala manera, por lo que poner un peso más en sus manos es meterle dinero bueno al malo, lo cual, por tener el dinero usos alternativos, resulta antieconómico, sobre todo si, como lo ha demostrado Arthur Laffer, cobrando menos impuestos y a menor tasa, ¡puede recaudarse más!
Que los políticos propongan una reforma fiscal que aumente tasas impositivas y/o introduzca nuevos impuestos no se justifica pero se entiende: de eso viven. Pero que lo hagan, como lo han hecho, académicos, periodistas y empresarios, ni se justifica ni se entiende, sobre todo si, dado que el gobierno gasta en cosas que no debe, hay tela suficiente de donde cortar para reducir dicho gasto.
Ya escribiré más sobre el tema.
