Es una obviedad que el grave problema de inseguridad y violencia que sufre el país no es un tema que haya arrancado durante este sexenio. De lo que sí es responsable políticamente la actual administración, es de no haber implementado una política que —con resultados— contribuya a erradicar drásticamente ése que es el principal problema del país.
La falta de una estrategia y política efectivas por parte del Gobierno, ha contribuido significativamente a empeorar el problema.
¿Estamos frente a un nuevo umbral de violencia? Por los indicadores cualitativos o cuantitativos que se quieran analizar, el deterioro salta a la vista. Basta hacer una simple revisión de algunos de los hitos en los últimos meses sobre hechos delincuenciales. Empecemos el recuento del horror.
El 27 de marzo se produjo un incendio que ocasionó asfixia y muerte de 40 ciudadanos extranjeros que se encontraban confinados en instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. Una imperdonable negligencia por parte de los responsables de custodiar y proteger a los migrantes. Uno de los hechos más dantescos que quedan como marca indeleble del sexenio.
Sigamos con los extraños casos sin resolver cabalmente, del secuestro de grupos compactos de “turistas” en Semana Santa en Matehuala, que se fueron “multiplicando” y que resultaron ser migrantes. A finales de junio, 16 trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas fueron retenidos. El 29 de junio fue asesinado en Michoacán Hipólito Mora, un episodio clave en la actividad de las autodefensas en ese estado. Chilpancingo dando regularmente la nota: el 10 de julio funcionarios, policías e integrantes de ¡la Guardia Nacional! fueron retenidos por un grupo criminal. Un par de días después, el estallido de un coche bomba cimbró Tlajomulco, en la zona metropolitana de Guadalajara. Y a finales del mes, que recién concluyó, el bloqueo e incendio de vehículos azolaba carreteras veracruzanas.
Así, el 25 de mayo pasado, con un conteo oficial, se alcanzaron los 156 mil 066 homicidios que se contabilizaron en todo el gobierno de Enrique Peña, lo cual convierte —bajo ese indicador— a la actual administración, con todo lo que le falta aún, en la más violenta de la historia de nuestro país.
Además, no han parado las extorsiones, los asesinatos a periodistas o las distintas formas de violencia contra mujeres y feminicidios. Mención particular para los grupos de madres y colectivos de búsqueda, cuestionados en días recientes desde la tribuna presidencial.
En otro dato que es tristemente descriptivo, en mayo del 2022, con cifras oficiales se rebasaron los 100 mil desaparecidos en la historia del país; en sólo un año, para mayo del año siguiente, la cifra había crecido en 10 mil más. Un indicador muy gráfico de uno de los más graves flagelos que sufre México.
Éste es el mayor, grave y complejo problema que hay en el país. Las soluciones no son de ninguna manera sencillas ante la terrible evidencia que personas o grupos de ellas nucleados en actividades delincuenciales, una y otra vez atentan contra el patrimonio, integridad y la vida misma de otras personas. Lo que sí no cambia es la justificación ante estos resultados: seguir escudándose, tras cuatro años y medio de gestión, en que son herencias y culpas del pasado y, aquí, la más contundente evidencia de lo que ha dejado el mantra de la administración en materia de combate a la violencia: “abrazos y no balazos”.
