Con este mismo título el historiador mexicano Luis Fernando Granados escribió un libro en que llamaba a colocar la historia de la independencia novohispana, especialmente de las comunidades indígenas del Bajío, ante el espejo de la Revolución Haitiana de fines del siglo XVIII. Se preguntaba el historiador, con razón, si aquella experiencia caribeña, tan temida por las élites coloniales de toda la América española y portuguesa, por su radicalidad igualitaria, tenía más conexiones de las reconocidas con la gesta separatista en México.
Un ejercicio similar podría practicarse en nuestros días, entendiendo la metáfora del espejo, como en el libro de Granados, no en el sentido de la distorsión sino en el de la realidad. Ahora mismo ha estallado una nueva serie de protestas populares en Haití, detonadas por la inseguridad que se apodera de la población, a raíz de un aumento de los secuestros de mujeres y niños, y tomas de carreteras y balaceras en lugares públicos por pandillas urbanas y otros grupos violentos del país.
La Unesco y la Unicef, la OEA y el Consejo de Seguridad de la ONU vienen llamando la atención sobre el agravamiento haitiano desde hace años. Una crisis integral, que abarca la sociedad, la economía y la política, como ha podido comprobarse en la proverbial inestabilidad de los gobiernos insulares. El reflejo más dramático e inmediato de esa crisis se da en el área de la seguridad, como pudo comprobarse hace dos años, cuando un comando de mercenarios asesinó al presidente Jovenel Moise en su residencia e hirió de gravedad a su esposa.
No hace mucho, en medio de una de las protestas, un destacamento de policías inconformes disparó contra la casa del primer ministro, Ariel Henry. El ataque respondió a una expresión de enojo del cuerpo policial por los frecuentes asesinatos de agentes del orden, a manos de las pandillas y el crimen organizado y armado. De manera que la inseguridad acecha al propio instituto policial, y éste dirige su malestar contra el jefe de gobierno.
Los organismos internacionales advierten que el incremento de secuestros de mujeres y niños responde a una práctica, cada vez más generalizada, de la extorsión por parte de las pandillas. Los testimonios recogidos por diversos medios locales y regionales dan a entender que las víctimas son familias de clase media, y a veces de clase baja, ubicadas en una zona controlada por asociaciones delictivas.
Por lo general, cuando se esgrime el ejemplo haitiano es para ilustrar un caso extremo de pobreza y desigualdad, que no se manifiesta en ningún país latinoamericano y caribeño. Nada más habría que escudriñar un poco la esfera pública dominicana, cubana y puertorriqueña, tres islas vecinas de Haití, para encontrar esa imagen en distintas modalidades. Lo cierto es que casi todas las variantes de la crisis de seguridad de Haití también se verifican en países de América Latina y el Caribe, y que la medición de grados, muchas veces, es defensiva.
