El miércoles pasado se definieron las y los aspirantes que continúan en el proceso de definición de la candidatura presidencial del Frente Amplio por México —con diversas inconformidades incluidas al interior de la propia alianza—.
En un evento a cargo del Comité Organizador del Frente, se dio a conocer que cuatro aspirantes cumplieron con el requisito de recabar —al menos— 150 mil firmas distribuidas en 17 entidades del país —un mínimo de mil por entidad—, con lo que continúan en el proceso Xóchitl Gálvez (del PAN, con 554 mil firmas); Beatriz Paredes (del PRI, con 451 mil); Santiago Creel (del PAN, con 359 mil) y Enrique de la Madrid (del PRI, con 344 mil).
Por su parte, a pesar de haber obtenido más del mínimo de firmas requeridas, Miguel Ángel Mancera (del PRD, con 195 mil) y Silvano Aureoles (del PRD, con 288 mil) fueron excluidos de la contienda por no haber cumplido con el requisito de dispersión, mientras que Francisco García Cabeza de Vaca decidió dar un paso de costado por cuenta propia, por el mismo motivo.
Ayer mismo, los cuatro aspirantes sostuvieron su primer debate —o foro de discusión, como han preferido llamarle, para darle la vuelta a la legislación electoral—, a partir de lo cual se llevará a cabo una encuesta que defina a tres aspirantes finales que deberán presentarse a cinco foros más para, finalmente, definir la candidatura opositora el 3 de septiembre próximo.
Sin embargo, a lo largo de las últimas semanas se han puesto sobre la mesa diversos cuestionamientos sobre la legalidad del proceso, pues, si bien la candidatura presidencial es la cereza del pastel, hay muchas más decisiones y cargos en juego en la mega elección del 2024.
Entre estos hechos destacan las declinaciones iniciales de algunos aspirantes —Lily Téllez, Claudia Ruiz Massieu y Alito Moreno, entre otros— por no estar de acuerdo con el procedimiento. Más recientemente, Xóchitl Gálvez señaló anomalías en la recopilación de firmas por parte de sus contrincantes. Esta misma semana, Jorge Luis Preciado renunció al proceso de definición de candidatura y a su militancia partidista, tras denunciar simulación. Y, finalmente, el PRD puso en pausa su participación en el Frente, luego de que sus dos candidatos fueran excluidos de la siguiente etapa.
Sin duda, este primer recorte de aspirantes pone a prueba la solidez del Frente. En gran medida, el principal reto será apaciguar los ánimos de quienes no transiten a las siguientes etapas del proceso y de quienes, al interior del Frente, insistan en señalar que no es transparente. Suficiente tendrán con justificar que el accionar de sus aspirantes en las últimas semanas no ha implicado actos anticipados de campaña ante eventuales señalamientos por parte de la autoridad electoral, como para —también— tener que hacerlo ante integrantes de la propia alianza y la ciudadanía.
De no lograrlo, el efecto negativo entre el electorado, producto de roces internos, sería definitorio, particularmente en el escenario suficientemente cuesta arriba que aún los separa, ampliamente en preferencia, respecto a las posibles candidaturas oficialistas.