Terminé el anterior Pesos y Contrapesos afirmando que uno de los problemas con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (INEGI), y con la Medición de la Pobreza (Coneval), es que consideran a las transferencias, tanto privadas como gubernamentales, como ingresos, como productos del trabajo, y no lo son, porque el ingreso es el producto del trabajo, y lo que va con la dignidad de la persona es que viva gracias al trabajo propio, no gracias al trabajo de los demás, que es lo que sucede cuando el gobierno redistribuye el ingreso, es decir, el producto del trabajo.
El Coneval mide la pobreza de manera multimodal, considerando ingreso y carencias sociales: rezago educativo; carencias por acceso a servicios de salud; carencias por acceso a la seguridad social; carencias por calidad y espacio de vivienda; carencias por acceso a servicios básicos en la vivienda; carencias por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, rezagos y carencias que deberían resolverse por medio de la generación personal de ingreso, no de la redistribución gubernamental del mismo.
El problema es que esas necesidades son consideradas derechos, incluidos en la Constitución. Artículo tercero: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados y Municipios- impartirá educación preescolar, primaria y secundaria”. Artículo cuarto: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”. “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”. “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”. “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”. Y luego se afirma: “El Estado lo garantizará”, es decir, el gobierno en turno debe garantizar esos derechos, satisfacer esas necesidades, lo que no ha conseguido.
Según la medición de la pobreza 2022, del Coneval, el año pasado el 19.4 por ciento de la población padecía rezago educativo; el 39.1 carencia por acceso a los servicios de salud; el 50.2 carencia por acceso a la seguridad social; el 9.1 carencia por calidad y espacio en la vivienda; 17.8 carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda; 18.2 carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.
En 2022 el 29.4 por ciento de la población fue vulnerable por carencias sociales. El 65.7 tuvo al menos una carencia social y el 24.9 enfrentó por lo menos tres carencias sociales, población a la cual el gobierno fue incapaz de satisfacer sus necesidades, reconocidas como derechos en la Constitución.
En 2022 el 7.2 por ciento de la población resultó vulnerable por ingresos, incapaz de generar un ingreso suficiente para adquirir la canasta básica de bienes y servicios más la canasta básica alimentaria.
En 2022 el 27.1 por ciento de la población no resultó vulnerable, ni por ingresos, ni por carencias sociales. El problema es que, creyendo que donde hay una necesidad surge un derecho, las carencias sociales, que son necesidades, han sido reconocidas como derechos, incluidos como tales en la Constitución, con la obligación del gobierno de garantizarlos.
Continuará.