El 11 de septiembre de 1973 aviones de la Fuerza Aérea de Chile bombardearon La Moneda, la casa de la calle Tomás Moro del presidente Salvador Allende y las estaciones de radio Portales y Corporación. El objetivo de los militares al mando de Augusto Pinochet no sólo era aniquilar a un presidente democráticamente electo y a sus colaboradores más cercanos, sino también silenciarlos en su última hora. No por gusto el operativo fue llamado “Operación Silencio”.
La dictadura de Pinochet fue el cuarto régimen militar del Cono Sur a inicios de los años 70. Desde veinte años atrás existía la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay y en 1964 un golpe de Estado contra el presidente Joao Goulart, también democráticamente electo, había impuesto una Junta Militar al mando de Brasil. En junio de 1973 el presidente uruguayo Juan María Bordaberry disolvió las dos cámaras del congreso e instauró un gabinete cívico-militar que muy pronto derivaría en un régimen dictatorial.
A esas cuatro dictaduras se sumaría una quinta, en Argentina, en 1976, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, que derrocó a la presidenta María Estela Martínez, viuda de Juan Domingo Perón. Al igual que la brasileña y la uruguaya, la dictadura argentina adoptó un modelo de Junta Militar en la que intervenían jefes del ejército, la marina y la aviación (Videla, Massera, Agosti, Galtieri...) y que le imprimiría un sentido corporativo a ese régimen suramericano.
La dictadura de Pinochet en Chile, como la de Stroessner en Paraguay, fue unipersonal. El peso económico de Chile en la región y la vehemencia anticomunista del propio Pinochet concedieron al dictador chileno un rol de liderazgo en el Plan Cóndor y en la coordinación de labores de identificación y localización de la juventud catalogada de “subversiva”, en esos países, que engrosaría el espantoso directorio de la represión.
En un estudio clásico, el político, diplomático y académico Luis Maira, legislador durante el gobierno de Unidad Popular en Chile, y luego exiliado y embajador en México, propuso algunas diferencias entre aquellas dictaduras de “seguridad nacional” y las previas en el arranque de la Guerra Fría. Éstas, las de Trujillo en Dominicana, Batista en Cuba o Pérez Jiménez en Venezuela, en los años 50, eran tradicionales y caudillistas. Las nuevas dictaduras militares de los años 60 y 70 eran más modernas y portadoras de una tecnología represiva casuística y sofisticada.
Así como Allende y el gobierno de Unidad Popular inspiraron su programa en ideas desarrolladas por economistas y sociólogos vinculados a la CEPAL (Pedro Vuscovich, Carlos Matus, Fernando Flores, José Cademartori…), Pinochet atrajo a su gobierno a discípulos de Milton Friedman y Arnold Harberger en la Universidad de Chicago, como Sergio de Castro, Pablo Baraona, Álvaro Bardón o Miguel Kast. Fueron éstos los encargados de impulsar una política económica típicamente neoliberal, basada en la privatización, el mercado y la contracción del gasto público.
En 1980, con asesoría del jurista Jaime Guzmán, el régimen intentó codificarse en una Constitución que proscribía las “doctrinas ilícitas” que “atentaban contra la familia” y propugnaban la “lucha de clases”. En consecuencia, los partidos, organizaciones y movimientos que impulsaban ideas socialistas fueron considerados inconstitucionales y terroristas. En esos preceptos jurídicos se basó el aparato represivo de la dictadura.
Consciente del peso histórico del 11 de septiembre, Pinochet organizó ese mismo día, pero de 1980, un plebiscito amañado para refrendar la Constitución. En otro plebiscito, en octubre de 1988, un 55% de los votantes se opuso a la permanencia del general en el poder después de 1990. Pero su retiro obligado de la jefatura del Estado no implicó el fin de la dictadura: hasta 1998 el dictador fue Jefe del Ejército y hasta 2002 Senador de la República.