El 5 de septiembre, David Ezra, juez de distrito en Texas Occidental, resolvió conceder un plazo de 10 días al gobernador Greg Abbott para que removiera una barrera de boyas desplegadas a lo largo del río Bravo en la frontera con México.
El juzgador resolvió así la apelación interpuesta por el Gobierno federal ante la activa política antimigratoria, llamada Estrella Solitaria, del gobernador Abbott dentro de la cual el despliegue de boyas es una de sus expresiones legales. Ezra determinó que esas boyas constituyen una amenaza a la vida humana, un obstáculo a la navegación y su despliegue probablemente requeriría una autorización del congreso federal de acuerdo con la ley regulatoria de puertos y ríos.
Las reacciones de los actores del proceso fueron inmediatas. El Departamento de Justicia federal elogió la resolución señalando que el juez había coincidido en que la barrera era ilegal y dañaba irreparablemente las relaciones diplomáticas, la seguridad pública y las operaciones de los servidores públicos federales alrededor del río Bravo. Por su parte, la oficina del gobernador manifestó su inconformidad afirmando que la decisión de Ezra simplemente prolongaba la actitud deliberada del presidente Biden de rehusarse a reconocer que el gobierno estatal está haciendo las tareas que corresponderían al federal. Abbott afirmó que apenas había comenzado la batalla para reivindicar la autoridad soberana de Texas para proteger la vida del caos propiciado por la política federal de puertas abiertas y estaba preparado para llevarla hasta la Corte Suprema.
Independientemente de la retórica, la fiscalía texana interpuso al día siguiente una inconformidad ante un tribunal superior: la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito. En su escrito, urgió a ese órgano jurisdiccional a resolver a la brevedad, pues la soberanía estatal y la autodefensa resultarían dañadas, aun si la apelación fuera resuelta a su favor. Argumentó que el despliegue de las boyas se hizo con base en la autoridad constitucional del gobernador para defender Texas de la invasión criminal y transnacional representada por los cárteles de narcotraficantes. De ahí que la remoción de la barrera implicara exacerbar los peligros, tanto para los migrantes atraídos por cruzar ilegalmente la frontera, como para los texanos perjudicados por el tráfico humano, el contrabando de narcóticos y la violencia de los cárteles.
El 7 de septiembre, de forma inusitadamente rápida, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito resolvió suspender temporalmente la orden del juez de Distrito. Mientras la Corte concluye el fondo del asunto, las boyas se mantendrán donde han sido colocadas. Aunque el gobierno federal ha limitado sus alegatos a la violación de la ley federal de puertos y ríos, el gobernador texano insiste en argumentar la existencia de una invasión externa. Es arriesgado pronosticar a quién dará la razón la Corte de Apelaciones. Lo que sí podemos asegurar es que, si el fallo no agrada al gobernador Abbott, lo llevará ante la Corte Suprema. Es muy importante que el gobierno mexicano mantenga un seguimiento del proceso legal.
