A nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, familiares, estudiantes y activistas realizaron manifestaciones en todo el país para exigir que el caso sea esclarecido.
El nuevo informe lo presentó el pasado lunes Alejandro Encinas, quien reiteró que los estudiantes iban infiltrados, que se trataba de una disputa de los bandos del crimen organizado, al cual señalan de ser el responsable del crimen cometido contra los estudiantes. Éste ya está en la página del Gobierno de la República.
Lo que se plasma en esas páginas es muy parecido a lo que hace 8 años publicó Jorge Fernández Menéndez en su libro La noche de Iguala, y que hemos escrito desde entonces en estas páginas de La Razón.
El día de ayer los padres de familia de los desaparecidos acusaron de la falta de investigación y de entregar un informe que está más apegado a la llamada “verdad histórica”. No están conformes con esta investigación, pero lamentable y dolorosamente es muy cercano a lo que realmente sucedió.
Recordemos que este caso se convirtió en una de las promesas de campaña a resolver para el Presidente López Obrador, incluso en estos años de su administración ha reconocido que es uno de los temas pendientes, como lo dijo en su más reciente informe de gobierno.
El Gobierno mexicano insiste en que se ha detenido a 28 personas que, se presume, participaron en la desaparición forzada de los estudiantes, entre ellas, el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y 14 militares de los batallones 27 y 41, y que se mantienen las gestiones para lograr la extradición del extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio. Pero esto no resuelve ni le hace justicia a los jóvenes desaparecidos ni a sus padres.
Muchos inocentes están acusados y los sicarios, quienes declararon contra ellos, libres.
Este caso se convirtió en político, no se quiso encontrar la verdad, sino poder decir que Ayotzinapa había sido un crimen realizado por el Estado y por militares.
Ésta es la historia que contamos hace ocho años en esta columna, compárela con el informe actual emitido por la Presidencia de la República y es sin duda muy parecido.
El presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, estaban trabajando con un grupo criminal llamado Guerreros Unidos. Tres de los hermanos de Pineda Villa eran líderes de este grupo. Ella se encontraba en un mitin y se le dijo que llegarían a boicotear al acto integrantes de Los Rojos, un grupo enfrentado con Guerreros Unidos, por lo cual la policía de Iguala, muy ligada al cártel de Guerreros Unidos, detuvo a los jóvenes. Desaparecieron desde entonces y se presume que fueron asesinados.
En el 2014 el padre Alejandro Solalinde me contó en una entrevista que los estudiantes estaban muertos y que incluso algunos fueron quemados. Fue un escándalo, pero tenía razón. Los estudiantes habían sido confundidos por el grupo criminal de Guerreros Unidos de pertenecer al grupo contrario, el de Los Rojos.
José Luis Abarca Velázquez y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, fueron detenidos el 4 de noviembre de 2014, cuando se escondían en una vivienda de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.
Del grupo criminal Guerreros Unidos, los responsables materiales de la desaparición de los estudiantes, se encontraban detenidos, Gildardo López Astudillo, alias El Gil o El Cabo Gil, quien fue detenido en 2015, pero cuatro años más tarde, en 2019, quedó en libertad tras argumentar que sufrió tortura durante su detención, que lo obligaron a confesar un delito que dijo no cometió.
Lo mismo ocurrió con sus sicarios, quienes fueron detenidos antes, en noviembre de 2014, Agustín García Reyes, El Chereje; Jonathan Osorio Cortés, El Jona; Patricio Reyes Landa, El Pato; y Salvador Reza Jacobo, El Wereke, todos aseguraron que las órdenes las dio Gildardo López. Pero siguieron el mismo argumento de El Gil y también fueron puestos en libertad en 2019, dijeron que bajo tortura fueron obligados a confesar que participaron en el caso Ayotzinapa.
En Todo Personal tuvimos acceso a las declaraciones de estos cuatros sicarios: El Chereje, El Pato, El Jona y El Wereke.
Sin respuesta
Ellos confesaron que asesinaron a por lo menos 15 estudiantes normalistas, que les entregaron con vida a jefes policiales de Iguala y de Cocula. Cada uno de esos cuatro sicarios relataron por separado que varios ya habían muerto “por asfixia”.
En ningún momento se ven coaccionados o que hayan sufrido tortura, sino de forma tranquila van narrando a quien les hace las preguntas que las órdenes venían desde arriba y que ellos buscaban a un infiltrado de Los Rojos, que incluso se hizo pasar como estudiante.
Pero El Gil y estos cuatro presuntos autores materiales no fueron los únicos liberados cinco años después de la desaparición de los jóvenes. El 15 de septiembre de 2019, la FGR informó que el juez de distrito que lleva el caso Ayotzinapa liberó a los policías locales procesados, entre ellos Felipe Flores, quien el 26 de septiembre de 2014 era el secretario de Seguridad Pública de Iguala.
También fueron liberados 21 policías municipales de Iguala, Huitzuco y Cocula, quienes permanecían en el penal federal de Tepic, acusados del secuestro de los jóvenes.
Para junio de 2020, las autoridades detuvieron a José Ángel Casarrubias, uno de los responsables de la ejecución de los estudiantes, pero es procesado por otros delitos, no por el caso Ayotzinapa.
Su hermano, Sidronio El Chino, fue vinculado al caso de los estudiantes y es de los pocos detenidos.
A nueve años de distancia de esa terrible noche, tan sólo se han identificado restos de tres estudiantes: Jhosivani Guerrero, Christian Alfonso Rodríguez y Alexander Mora.
A ninguno de los padres de familia se les ha hecho justicia, y cada día los familiares están más lejos de encontrarla.
Los sicarios están libres y finalmente la actual administración ha tenido que reconocer que lo que sucedió esa noche fue que los estudiantes fueron confundidos, y que Los Guerreros Unidos pensaron que eran parte su grupo rival Los Rojos.
