La principal amenaza para garantizar una elección con estándares democráticos en 2024 tiene un nombre: Andrés Manuel López Obrador. Aprovechando el fuero que le otorga la Presidencia, ha optado por romper la ley que deriva de décadas de evolución hacia acuerdos que han permitido la renovación pacífica del poder durante lo que va del siglo. Un botón de muestra. Recientemente, el titular del Ejecutivo llamó a votar por su partido para que se mantengan los programas sociales, lo que constituye un delito. Parecería que el Presidente busca intimidar sin importarle las graves consecuencias de echar por la borda la celebración de elecciones legítimas en México.
El efecto nocivo no para ahí. El ejemplo —si no instrucción— hacia la administración pública y las 22 entidades que gobierna Morena y sus aliados es peligroso. Buena parte de la lucha democrática que ha dado la izquierda —y la derecha— desde hace más de 25 años ha sido para evitar la intervención del gobierno en el proceso electoral, generando condiciones de inequidad que restringen la capacidad para que los ciudadanos puedan ejercer un voto libre e informado. El uso de recursos públicos y de personal del gobierno para tareas partidistas puede impedir que se verifique un proceso electoral íntegro. Desgraciadamente, se percibe una especie de sentimiento de inevitabilidad o normalización de estas conductas que, más allá de relativizar conductas ilegales, puede ser el caldo de cultivo para una crisis política mayor. Afortunadamente, existen al menos tres instancias que pueden reconducir el proceso.
Aunque el INE tiene poca capacidad para limitar al Presidente, mantiene una herramienta poderosa. Al resolver las violaciones del Ejecutivo y su administración, podrá hacer visible el quebranto a la ley, que permitiría generar una exigencia social que inhiba tales conductas. Pero también estará dando una señal clara de que una victoria oficialista en esas condiciones puede ser anulada por la justicia electoral. Éste, quizá sea el acicate que pueda frenar la percepción de que todo vale en este proceso.
Por su parte, el Tribunal Electoral es el último bastión de defensa del proceso electoral. En sus manos está la posibilidad de generar las condiciones que adviertan a todos los actores que el apartarse de las reglas de la contienda derivará en la anulación de victorias conseguidas ilegal e ilegítimamente.
La sociedad civil podrá ser relevante. Recientemente se firmó el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral, suscrito por 26 organizaciones que realizarán monitoreo ciudadano al proceso y a las instituciones encargadas de su organización. La visibilidad de conductas de partidos y gobiernos en el poder y en la oposición podrán generar contextos de exigencia en la sociedad por un proceso con integridad.