Los grupos criminales no llegaron al estado en 2021, pero la violencia ha aumentado a partir de ese año como una marea embravecida, matando a cientos, desplazando a miles. Y es que, en el mundo del crimen organizado, las fuentes de ganancia pueden cambiar de manera repentina y, con ello, la lucha entre organizaciones rivales.
Aunque el tráfico de drogas sea uno de los negocios ilícitos más lucrativos, el dinero obtenido a partir de cultivos como la marihuana y el opio pierden terreno. En cambio, está en aumento el lucro obtenido mediante el tráfico de personas y la extorsión, que retienen un porcentaje de las remesas (por lo que Chiapas se convierte en negocio para los cárteles). Estos cambios están impulsados por factores como el surgimiento de nuevas drogas sintéticas, que hacen obsoletas a las plantaciones de amapola; la militarización de las fronteras, que empuja hacia la clandestinidad las rutas de los migrantes; el cambio climático que expulsa campesinos por lluvias atípicas, sequías y tormentas (desde Centroamérica, el cuerno de África y el subcontinente indio) y, finalmente, por el encarecimiento del tráfico de cocaína proveniente de Sudamérica debido a la llamada “securitización” de las fronteras.
Como cabeceó La Razón el 25 de septiembre: “Crisis migratoria traslada millonada en remesas, 309% más, a Chiapas”. La reciente migración de indígenas chiapanecos a Estados Unidos (miles de ellos con visas H2A de trabajadores agrícolas temporales) tiene un doble efecto indirecto que favorece al crimen organizado: con la salida de los hombres a Estados Unidos, poblaciones ocupadas por mujeres, niños y ancianos se vuelven más vulnerables a la invasión de cárteles. El aumento de remesas, por otro lado, es botín en sí mismo.
Además, la creciente vigilancia y fortificación de la frontera sur ha elevado los riesgos y los costos asociados con la migración proveniente del resto del mundo. Los coyotes cobran tarifas sustanciales. La militarización de las fronteras aumenta la demanda de sus servicios, ya que las personas buscan rutas y medios seguros para cruzar. En vez de entenderlo, los gobiernos criminalizan, las caravanas migrantes, que son movimientos sociales abiertos y con quienes sería posible dialogar.
En resumen, aunque tengan décadas en Chiapas y Huehuetenango (Guatemala), los grupos criminales hoy en lucha frontal, redefinen alianzas, enemigos y reparto del botín (ruta de la cocaína, tráfico de personas y extorsión a las comunidades para obtener las crecientes remesas). Abordar estos desafíos requerirá respuestas igualmente adaptables y multifacéticas por parte de las autoridades, incluyendo medidas para combatir la trata de personas y repensar enfoques de políticas relacionadas con la seguridad de las fronteras. En particular, debe repensarse el impulso gubernamental que se le da a la salida de trabajadores agrícolas temporales hacia Estados Unidos. Además de dejar a familias chiapanecas expuestas al crimen, esos trabajadores carecen de derechos plenos en el lugar de destino.