Ayer se cumplieron siete décadas de la promulgación, por parte del presidente Adolfo Ruiz Cortines, de las reformas constitucionales que posibilitaron el voto de la mujer en México en todos los órdenes de gobierno, lo cual se materializó por primera vez a nivel federal en las elecciones legislativas intermedias de 1955.
Era un anacronismo absurdo, donde el supuesto “sufragio universal” dispuesto por el Constituyente de 1917 dejaba nada menos que a la mitad de la población mayor de edad sin el derecho a elegir a sus gobernantes y legisladores. Fue una importante reivindicación histórica, que cristalizaba la lucha de varias generaciones de sufragistas en México, cuyo antecedente más visible y contundente se puede identificar en el primer congreso feminista celebrado en el Teatro Peón Contreras de Mérida, Yucatán, en 1916.
A 70 años de distancia, si bien estamos todavía lejos de erradicar las brechas de género en distintos ámbitos laborales, sociales y culturales, podemos decir que en México observamos un ciclo en el que las distintas luchas se han traducido en espacios concretos de empoderamiento femenino en el servicio público.
De forma análoga al proceso de transición a la democracia y su posterior consolidación, en el que la apertura y la pluralidad se fueron construyendo gradualmente, en este momento es notorio el incremento de la presencia de mujeres en los más elevados cargos del servicio público.
Algunos datos concretos: tanto en la legislatura pasada como en la presente, la Cámara de Diputados se integra de manera paritaria; en este momento, la presidencia de ambas cámaras del Congreso de la Unión recae en mujeres; el número de gobernadoras ha crecido significativamente, desde Griselda Álvarez, primera gobernadora (Colima, 1979), el total actual (9, que sería 10 de no haber renunciado la jefa de gobierno capitalina) supera al acumulado en toda la historia previa; por primera vez el Poder Judicial Federal lo encabeza una mujer, la estupenda y recia ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña; la mayoría de los órganos constitucionales autónomos —INE, Inegi, Inai, CNDH, Cofece y Banco de México— son encabezados por mujeres (aunque, ciertamente, con un desempeño desigual, pues no es lo mismo la magnífica labor de Blanca Lilia Ibarra al frente del Inai que el lamentable desempeño de la titular de la CNDH, pero ése es otro tema), y, además, en los casos del Consejo General del INE y del Pleno del Inai —aunque éste siga inconstitucionalmente incompleto—, ambos órganos colegiados están integrados mayoritariamente por mujeres; y, por último, dado que una disposición constitucional lo ordena expresamente, tanto el gabinete federal como los estatales están integrados de manera paritaria.
Un punto culminante en el arribo de liderazgos femeninos a los más altos cargos de la gestión pública se refleja en la postulación de candidaturas presidenciales. Sólo una vez, en 2012, un partido con posibilidades de triunfo había postulado a una mujer (algunos partidos pequeños ya lo habían hecho, pero fueron candidaturas meramente testimoniales). Un momento crucial ocurrirá en octubre del año próximo: todo parece indicar que, por primera vez, en México una mujer asumirá la Presidencia de la República, dado que ambas coaliciones con posibilidades de triunfo, la oficialista y la principal opositora, han definido a mujeres para sus candidaturas presidenciales, aunque, ciertamente, con proyectos políticos muy distintos. Pero eso, también, es otro tema.