Las crisis migratorias, en todo el mundo, son trágicas, humanitariamente costosísimas y fácilmente manipulables desde los poderes políticos. Nada más habría que mirar al Mediterráneo y al Adriático italianos, donde en los últimos meses hemos visto naufragios masivos y batallas campales en los campos de refugiados, mientras el gobierno y la oposición los utilizan como pretextos.
López Obrador y Morena llegaron al poder hace cinco años, cuando las caravanas de migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica ya eran un hecho. El gobierno reaccionó desde entonces priorizando la negociación bilateral con Estados Unidos, consolidando el papel de México como lugar de dique de contención y reforzando la frontera sur del país.
Apenas el año pasado, el cuarto de su gobierno, el presidente introdujo a los estados centroamericanos y caribeños en su enfoque del conflicto. En una gira por el Triángulo Norte, que incluyó a Belice y Cuba, López Obrador propuso incrementar la colaboración para el desarrollo en la zona y la aplicación de los programas de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro como medios de retención de potenciales migrantes.
Hasta la primera semana de octubre de este año, el gobierno mexicano ha tratado el tema migratorio en reuniones bilaterales de alto nivel con Estados Unidos. Ahí lo que ofrece es contención, por medio de la devolución de migrantes, su confinamiento en estaciones migratorias o la limitación de visas. En la Cumbre de Palenque, este fin de semana, en cambio, México ha exigido, como en el viaje de AMLO por la región, invertir en el desarrollo y remover las sanciones de Estados Unidos a Venezuela y Cuba.
Como se vio en aquel viaje del presidente, en mayo de 2022, existe una contradicción conceptual de fondo entre algunos gobiernos de Centroamérica y el Caribe sobre el tema migratorio. Mientras la mayoría de los gobiernos de Centroamérica entiende la emigración como consecuencia del deterioro de los indicadores económicos y sociales, y el aumento de la inseguridad, los de Cuba y Venezuela la atribuyen, fundamentalmente, a las sanciones de Estados Unidos.
Dicha discordancia, que proviene del perfil ideológico y geopolítico de los gobiernos bolivarianos, incapaces de reconocer sus propios errores en política económica, hace imposible la concreción de acuerdos sustanciales en materia migratoria. La inasistencia de los mandatarios de Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Panamá, El Salvador y Nicaragua a la cumbre y el tono altamente retórico de los pronunciamientos del foro ponen en duda su objetivo central.
AMLO y Morena podrán anotarse un gesto más de condescendencia a La Habana y Caracas, pero no habrán avanzado en una política coordinada de reducción de los terribles riesgos de la emigración ilegal en el Caribe, Centroamérica y México. Una lástima, ya que si había un gobierno que podía lograrlo era este, por su privilegiada interlocución con Washington.