Uno de los grandes temas que recientemente ha provocado controversia en el quehacer de la actual administración es el manejo de las finanzas públicas.
En años anteriores la estabilidad macroeconómica ha sido garantizada en parte por la política fiscal del país que acumuló cuatro años de un manejo prudente y relativamente sano de la hacienda pública.
Las bases de la política fiscal en los primeros cuatro años de gobierno han estado apuntaladas por un estricto apego a la disciplina del gasto basada en la denominada “austeridad republicana” que, en paralelo, con un esfuerzo significativo por aumentar la recaudación de ingresos han mantenido la disciplina fiscal. Con ello, ha sido posible cumplir con las prioridades de la administración, a saber, incrementar el gasto en protección social y cumplir con las megaobras de transporte e infraestructura.
No obstante, a partir del programa económico presentado por el Ejecutivo para el próximo año, la crítica y preocupaciones sobre la estabilidad macroeconómica se hicieron presentes, a veces con razón y otras no tanto, debido a la expectativa de incrementar el próximo año el déficit y la deuda pública.
El reciente informe de finanzas públicas del tercer trimestre del año pone de manifiesto algunas de las preocupaciones, aunque continúa manteniéndose la posición fiscal manejable en la medida que el balance público no rebasa la meta propuesta, sino que incluso resulta ligeramente menor a lo programado.
Así, para los primeros nueve meses de este año los resultados de las finanzas públicas muestran algunos elementos importantes. Primero, el crecimiento del gasto público (5.1%) se ve presionado tanto por el mayor costo financiero como por las necesidades operativas del gobierno, el primero avanza 27.5%, y el gasto primario, 2.5%.
En segundo lugar, las prioridades del gobierno siguen atendidas con aumentos importantes en el gasto en protección social. Asimismo, llama la atención que el rubro denominado “inversión impulsada por el sector público” registra un incremento real de 3% anual y es equivalente a 2% del PIB en lo que va del año.
En tercer lugar, los ingresos públicos han mostrado un pobre desempeño, apenas lograron un avance real anual de 0.4% durante los primeros nueve meses del año. Principalmente, los ingresos petroleros se redujeron sustancialmente (-26%) debido al menor precio del crudo.
Por su parte, los ingresos tributarios no petroleros avanzaron a una tasa de 7.2% real anual que, si bien luce saludable, buena parte del incremento se debe al avance del IEPS de gasolinas y diésel por la reducción del subsidio a los consumidores. En el mismo sentido, destaca el incremento real de la recaudación del ISR de 3.7% —en línea con el crecimiento económico— que contrasta con la reducción del IVA de 4.7%, hecho que refleja una baja en la actividad comercial, en particular del comercio exterior.
Se tiene una lectura mixta de las cifras fiscales, debe considerarse que mantener la disciplina fiscal contribuye en lo fundamental a la estabilidad macro. Los esfuerzos en materia de austeridad y mayor eficiencia en la recaudación siguen siendo evidentes; no obstante, la sustentabilidad de la política de protección social y el apoyo al crecimiento vía mayor inversión pública, sólo podrán obtenerse —en ausencia de una reforma fiscal— con mayor crecimiento económico, el cual todavía no termina de consolidarse.
Los riesgos se incrementan para lograr la sustentabilidad fiscal frente a un escenario de menor avance del PIB y aumentos del déficit y la deuda para el próximo año. El reciente reporte ya perfila que las necesidades de gasto están superando a la capacidad recaudatoria más allá de la coyuntura.
