Hoy comienzan las “precampañas” en busca de la Presidencia de la República. Serán siete meses, de aquí al 2 de junio, en las que habrá de todo… dimes y diretes, descalificaciones, guerra sucia y hasta sillazos, se los prometo.
Lamentablemente también habrá dinero mal habido, mucho dinero. Tan sólo en el llamado dinero lícito, que es dinero público de usted y mío, las dos precandidatas y el precandidato podrán gastar hasta 85.9 millones de pesos cada uno. Ése es el tope que les ha puesto el INE.
El otro es el dinero ilícito, ese que tampoco dejará de fluir a pesar de todos los candados y la lupa que el árbitro electoral pudiera poner sobre los aspirantes. Esa lana, que no sabemos a cuánto asciende, pero que siempre corre como agua de río. Déjeme contarle una historia escabrosa sobre esto.
Hace unos meses, por la puerta de la aduana del Reclusorio Oriente y luego de un año y ocho meses de estar guardado en el botellón, un exservidor público recuperó su libertad ¿De qué se le acusaba? De abuso sexual.
Fuentes cercanísimas al caso me cuentan que la bronca estalló en 2021 cuando el personaje del que le hablo renunció a su cargo por presiones de sus mandos que le exigían firmar un contrato para la compra a sobreprecio de uniformes.
¿A dónde se iría esa lana? Mis fuentes me cuentan que, en pleno año electoral, la millonada en cuestión sería destinada a actividades políticas. La institución en la que trabajaba el exfuncionario no fue la única, pues, me dicen, fue parte de una operación coordinada en la que se pasó la charola a varias dependencias con miras al 2024.
El entonces director de la institución del Gobierno, se negó a firmar el contrato que, desde un avión y con los ojos cerrados, se veía muy chueco.
¿Qué hizo? Luego de semanas y semanas de presiones, se separó voluntariamente del cargo. Pero, pero, peroooo, a los tres días que le caen agentes ministeriales con una orden de aprehensión por el delito que ya le comento.
Todo fue muy rápido, lo presentaron ante un juez de control, el juzgador le negó al imputado la oportunidad de demostrar su inocencia, concedió la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y que me lo mandan al reclu con todo y chivas.
Un año y ocho meses después, un tribunal colegiado determinó que la acusación carecía de fundamentos, es decir, que le fabricaron el delito de violación y por eso, el ex funcionario público logró su libertad.
Y usted dirá, ese contrato no se firmó y se evitó que los impuestos que todos pagamos se usaran para beneficiar a un político con aspiraciones. Lamento decirle que no. Mientras este exdirector peleaba en los tribunales para demostrar su inocencia, el jugoso negocio se consumó y el dinero fue a parar, me cuentan mis fuentes en estas cloacas, al impulso de personajes de la polaca que hoy, en alguna parte del país, comienzan sus precampañas.
¿Era la primera vez que ocurría? Por supuesto que no. Las denuncias por la firma de contratos a sobreprecio —le hablo de convenios por más de cien millones de pesos— se vienen dando desde 2018, año en el que “dicen por ahí” se acabó la corrupción en el país.
Basta por hoy, pero el próximo lunes… regresaréeeeeeeee!
