La elección general del 2024 pondrá a prueba la democracia mexicana como nunca antes. En primer lugar, el Presidente ha decidido pasar por encima de la norma electoral, que le obliga a no entrometerse en el proceso electoral, acumulando más de una decena de sentencias en su contra.
El INE vive una situación delicada frente a la falta de construcción de acuerdos para realizar nombramientos en su estructura ejecutiva de primer nivel. A esto se suma la nueva crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
A tres meses de iniciado el proceso electoral, los magistrados de la Sala Superior vuelven a poner sus diferencias por encima de la institución responsable de ser la última instancia para resolver las disputas electorales.
Después de haber nacido como un tribunal administrativo, la reforma electoral de 1996 optó por integrar al Tribunal Federal Electoral al seno del Poder Judicial federal. Esta reforma constitucional tuvo entre sus objetivos fortalecer la justicia electoral, mediante el respaldo institucional de un poder de la Unión.
Durante 20 años y dos integraciones, el Tribunal Electoral logró cumplir con su delicada labor con relativo éxito. A pesar de las diferencias propias de un colegiado, el traslado del poder de la poderosa presidencia del Tribunal se dio sin mayores contratiempos (no obstante las renuncias de los magistrados Fuentes y Galván).
Sin embargo, la presente integración del Tribunal se ha caracterizado por su falta de institucionalidad. En primer lugar, integrantes de la Sala Superior promovieron activamente una reforma para ampliar su mandato, después de haber sido designados, generando una deuda con los partidos que la aprobaron. Posteriormente, operaron para presionar a la magistrada Otálora a renunciar a su presidencia en 2019, luego de la confirmación de la elección de la gubernatura de Puebla, que Morena pretendía anular, seguido por la remoción del entonces presidente Vargas —cuyo paso por la institución ha sido severamente cuestionado.
El hecho de que tres magistrados hayan decidido no presentarse a una sesión solemne, con la presencia de los ministros de la Suprema Corte y los miembros del Consejo de la Judicatura, más allá de la profunda división interna, demuestra un profundo desprecio por el Poder Judicial y sus pares. Más allá de la incapacidad del actual presidente para generar los mínimos consensos para la gobernabilidad interna, la publicación de una foto con los magistrados ausentes, hace evidente su desprecio por su alta investidura. Cuesta trabajo imaginar la calificación de la elección presidencial por una Sala que demuestra esa frivolidad. Para ellos, lo prioritario no es el proceso electoral, sino la conjura palaciega.
La responsabilidad del Senado en este entuerto es significativa. Al incumplir su mandato para elegir dos magistraturas de las ternas que remitió la Suprema Corte en tiempo, han ayudado a empoderar a una minoría irresponsble. Hoy, más que nunca, es imprescindible aprobar las designaciones pendientes, aunque preocupantemente parece poco probable.
