México es nuevamente campeón mundial en ciudades con más homicidios por cada 100 mil habitantes. En 2022, el palmarés del terror fue el siguiente: Colima: 181.9. Zamora: 177.7. Ciudad Obregón: 138.2. Zacatecas: 134.6. Tijuana: 105.1. Celaya: 99.6. Uruapan: 78.3. Nueva Orleans: 70.6. Juárez: 67.7. Acapulco: 65.6.
Encontré desolados a un par de amigos que viven en Morelos. Los restaurantes más queridos por ellos han cerrado por el cobro de derecho de piso. Me hablaron también del cadáver de una mujer que apareció en su colonia y de los robos violentos de coche, cuando a uno le cierran el paso mientras circula y lo bajan del vehículo.
Acto seguido, como ensoñando acerca de buscar otra vida en un país en paz, mis amigos me preguntaron cómo fue mi año sabático en Canadá, concretamente en Toronto, y si allá hay problemas de seguridad. Se quedaron “de a seis” cuando les conté que es más peligroso el metro de Toronto que el de la Ciudad de México. Que recientemente ha habido agresiones por parte de indigentes con problemas de salud mental. Una joven de origen ucraniano fue asesinada por un homeless que la atacó repentinamente en el vagón. De manera parecida, un muchacho de origen brasileño murió en los andenes bajo la embestida asesina de otro loco. Más aún, a cien metros de la casa donde yo vivía, cerca de la avenida Danforth, una mujer fue apuñalada durante la madrugada (por suerte no murió). La diferencia, le conté a mis amigos azorados, es que el presunto culpable fue descrito claramente por las autoridades, en los medios, para que quien lo viera lo denunciara. No vi en Canadá el prurito hipergarantista de cubrir la cara y censurar el nombre de los sospechosos. Se trataba de capturarlo y de evitar más víctimas.
En México, lanzamos una reforma penal, entre 2008 y 2016, en medio de una crisis de seguridad por la guerra contra el narco. Lo cual, como prueban los que saben probar hechos sociales (es decir, los científicos sociales, no los abogados), aumentó los homicidios y la liberación de miembros de la mafia.
Camilo Cepeda y Aurora Ramírez-Álvarez (ambos de El Colegio de México) evaluaron cómo la adopción de un modelo de estilo de derecho adversarial afectó las tasas de criminalidad, la prisión preventiva y las medidas de eficiencia judicial. Hicieron esto con datos administrativos a nivel municipal para los años 1997-2012, y encontrando que la reforma aumentó la tasa de homicidios y estuvo acompañada de una reducción en el uso de la prisión preventiva, por delitos contra la propiedad en los primeros municipios implementadores. Más aún, el aumento en la tasa de homicidios fue mucho mayor en los municipios con presencia establecida del crimen organizado, donde Cepeda y Ramírez-Álvarez también observaron una mayor reducción en la capacidad de procesar efectivamente los homicidios. Sus resultados apuntan a la imprudencia de implementar este tipo de reformas en países en desarrollo, precisamente cuando experimentan crisis de seguridad.
Yo votaré en 2024 por quien proponga una mejor estrategia para dejar de ser campeones del mundo en este tema.