De acuerdo a versiones de que hay presiones internas, pero sobre todo externas, magistrados en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación intentan destituir al presidente del mismo, Reyes Rodríguez Mondragón, lo que puede llevar a ese organismo a una grave crisis, a siete meses de las elecciones federales más grandes en la historia del país.
Lo que hoy ocurre al interior del máximo árbitro electoral se advierte una similitud a lo que meses atrás enfrentara el Instituto Nacional Electoral, de cara a un proceso como el del año próximo, el cual anticipadamente se intenta controlar, con el riesgo, a querer o no, de poner en duda la validez de los resultados.
DE ESTO Y DE AQUELLO...
El Presidente López Obrador anunció ayer su decisión de adelantar para febrero el envío de las tres iniciativas que presentaría en septiembre, como una nueva reforma al Poder Judicial de la Federación para que ministros, magistrados y jueces sean electos mediante voto popular; el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y elevar a rango constitucional la entrega de apoyos a personas con discapacidad.
De inmediato, dirigentes y legisladores de partidos de oposición y analistas políticos, coincidieron en que se trata de temas que serán utilizados por el mandatario para una campaña personal, que pretende emparejar a la electoral, seguros como parecen estar ya de que, a Morena, PT y PVEM, se le sumará Movimiento Ciudadano, tras el anuncio de Dante Delgado de que el “bloque de contención está muerto”.
Con un Inai que funciona incompleto y visos de que así seguirá por el rechazo de la bancada de Morena a elegir a los comisionados que faltan, Blanca Lilia Herrera concluirá su gestión este fin de semana como presidenta de ese organismo, que a pesar de la actitud de los legisladores del partido que gobierna el país, ha logrado continuar sesionando.
Por fin, agentes de la Fiscalía General, lograron aprehender a René Gavira Agreste, exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex, señalado como uno de los principales acusados de actos de corrupción cometidos contra ese organismo, estimados en más de 20 mil millones de pesos.
De que el gobierno de Estados Unidos y sus agencias de inteligencia han decidido combatir a los dos principales cárteles de Sinaloa y Jalisco, lo confirma esa solicitud de la Cámara de Representantes y del Senado a la CIA, para que en tres meses se les entregue un informe sobre las ganancias, organizaciones y capacidades de aquéllos.
Confirmada la absolución de Rosario Robles, presa injustamente más de tres años, exhibe la “justicia” sexenal que prevalece.