Bernardo Arévalo y el Movimiento Semilla ganaron amplia y limpiamente las últimas elecciones en Guatemala. El 20 de agosto, en la segunda vuelta electoral, Arévalo y Semilla lograron el 60. 90% de los votos, frente un 39.10% de Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
En las elecciones legislativas de junio, dos meses antes, Semilla sólo alcanzó el 11% de los votos del Congreso. Entre la alianza oficial Vamos por una Guatemala Diferente, del actual presidente Alejandro Giammattei y el legislador de derecha Manuel Conde Orellana, y la UNE de Torres, obtuvieron cerca del 30% del poder legislativo. Esa ventaja, más el apoyo de algunos partidos menores, se vuelve una clara mayoría parlamentaria.
La mayoría en el Congreso controla el poder judicial de Guatemala. Entre ambos, el Congreso y el Organismo Judicial de Guatemala, incluida la Corte Suprema de Justicia, han decidido aprovechar el prolongado lapso que va de las elecciones a la toma de posesión, el próximo 14 de enero del 2024, para obstruir la llegada a la presidencia del candidato progresista.
Primero lograron la invalidación del Movimiento Semilla, retirándole el registro como partido político, por falsificación de firmas. Luego promovieron la nulidad del triunfo de Arévalo por causas similares, algo muy extraño en cualquier sistema electoral democrático, donde las elecciones, después de ser acreditadas por los organismos electorales, son irrecusables.
Arévalo y Semilla han tenido a su favor la autoridad electoral guatemalteca, específicamente el Tribunal Supremo Electoral, que ha mantenido con firmeza los resultados de agosto. También se ha movilizado la sociedad civil guatemalteca y, curiosamente, más que los mecanismos latinoamericanos, los interamericanos de derechos humanos, como la Comisión Interamericana y la OEA.
Han querido impedir la llegada al poder de un presidente y un partido legítimos. Los motiva el rechazo al programa de izquierda moderada del candidato vencedor: combate a la corrupción, derechos sociales, medio ambiente y diversificación internacional, sin concentración del poder, militarismo o alguna variante de autocracia, como las de sus vecinos nicaragüenses y salvadoreños.
La ofensiva presagia las tensiones que vivirá el gobierno de Arévalo de llegar al poder. El lawfare contra el presidente comenzó ya, antes de la toma de posesión, y no tendría por qué ceder una vez que ocupe la silla presidencial. Todo parece dirigido a garantizar que, en caso de que gobierne, lo haga con un juicio político o una causa judicial como espada de Damocles.
En una región tan marcada por el intervencionismo de Estados Unidos y por tendencias autoritarias de todas las ideologías, es esperanzador que Arévalo haya contado con el apoyo del gobierno de Joe Biden y diversos foros interamericanos. Aun así, no habría que esperar una sucesión o un gobierno sin turbulencias en los próximos años.
