Una delegación del más alto nivel de Estados Unidos, encabezada por el secretario de Estado, Antony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y la asesora del presidente Joe Biden, para temas de seguridad, fronteras y migración, Elizabeth Sherwood-Randall, se reúne nuevamente, en estos días, con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para tratar el tema de la incontenible crisis migratoria que se vive desde hace años.
Poco más de dos meses atrás, a principios de octubre, hubo otra reunión parecida, en la que México reiteró su compromiso con la contención por medio del reforzamiento de la frontera sur y el incremento de la repatriación. Unas semanas después de aquella reunión, López Obrador se encontró en Palenque con algunos de los mandatarios de países que son origen de esos éxodos masivos, como Venezuela y Cuba, pero allí el énfasis no estuvo puesto en las medidas de control por parte de México sino en las sanciones económicas de Estados Unidos.
La crisis migratoria es resultado del incremento, año con año, del flujo migratorio irregular, a través del territorio mexicano, procedente de Haití, Cuba, Venezuela, El Salvador, Honduras y Guatemala, fundamentalmente. En noviembre de este año, las autoridades mexicanas detectaron más de 680,000 extranjeros en tránsito irregular y recibieron unas 137,000 solicitudes de refugio, dos cifras récord desde que comenzó la crisis.
Los estudios más serios sobre tal aumento de la emigración y el potencial migratorio, en Centroamérica, el Caribe y también en México, demuestran que en todos los casos se trata de personas que eligen la situación límite de arriesgar sus vidas atravesando la selva del Darién o recorriendo largos tramos de la región fronteriza mexicana por falta de oportunidades en sus países o comunidades de origen. Las causas inmediatas de estas diásporas crecientes reproducen un entramado similar de deterioro de condiciones de vida, inseguridad y falta de opciones futuras.
Cuando el Presidente López Obrador suscribe el discurso oficial de los gobiernos de Cuba y Venezuela y asegura que las sanciones económicas de Estados Unidos son la causa de la emigración, introduce un argumento casuístico, sólo parcialmente válido para esos dos países, pero no para Haití, el Triángulo Norte de Centroamérica, o las propias regiones de México donde la emigración crece.
El propio gobierno de Nicolás Maduro parece reconocer que se encuentra en un proceso de reorientación de su política económica y de negociación con Estados Unidos, que incluye pláticas con la oposición, para conceder garantías de elecciones limpias el año que viene, y canje de prisioneros. Por su parte, la Asamblea Nacional de Cuba acaba de admitir el fracaso de la política económica, especialmente de la cambiaria, del gobierno de Miguel Díaz-Canel. Ésas también son causas y hay que reconocerlas si se aspira a una solución transnacional de la crisis.