Recientemente, los medios han mostrado un conflicto entre los magistrados del Tribunal Electoral federal. Los cinco magistrados de su Sala Superior (existen dos vacantes) se encuentran divididos en dos fracciones: la primera integrada por la magistrada Soto y sus colegas De la Mata y Fuentes; la segunda, por la magistrada Otálora y el magistrado Rodríguez.
Los tres primeros habían exigido la renuncia del entonces presidente Rodríguez, dejando de asistir a su informe de labores ante la Suprema Corte (publicando en redes sociales una fotografía que los mostraba desayunando mientras el informe tenía lugar). Obtenida la renuncia del presidente, los integrantes de la fracción minoritaria se ausentaron del primer acto público de la nueva presidenta.
El conflicto actual no habría tenido lugar, al menos no con los actuales integrantes, si la ley hubiese sido respetada. Recordemos la manera en que asumieron el cargo. En octubre de 2016, el Senado determinó que dos de sus siete integrantes ocuparían el cargo tres años, dos por seis años y tres durante nueve años. De haberse acatado los términos de la convocatoria, los magistrados Infante y Vargas habrían dejado el cargo en 2019; Fuentes y Rodríguez, en 2022 y los otros tres, en 2025. Aun cuando ya habían rendido protesta para desempeñar sus cargos durante esos periodos, a la siguiente semana apareció un nuevo dictamen senatorial que prorrogó el nombramiento de cuatro de los siete magistrados: a quienes concluirían en 2019 les agregó cuatro años y a los que lo harían en 2022 les añadió dos. De ahí que Infante y Vargas hayan concluido sus nombramientos hasta el año pasado, mientras que Fuentes y Rodríguez lo harán en 2024.
Al pecado original de los nombramientos habría que agregarle la inestabilidad de la presidencia. Si bien la Constitución dispone que el presidente de la Sala Superior será elegido entre sus pares por un periodo de cuatro años, desde 2016 cinco de sus siete integrantes han ocupado la presidencia: Otálora entre 2016 y 2019; Fuentes de 2019 a 2020; Vargas de 2020 a 2021; Rodríguez de 2021 a 2023 y Soto a partir de 2024. El reciente conflicto revela que parte de la disputa está relacionada con la distribución de recursos. Ambas fracciones intercambiaron acusaciones respecto a un manejo excesivamente discrecional del presupuesto. Se hicieron públicos abusos de los viajes en primera clase para magistrados y su personal, así como que a cada uno de ellos le han asignado cinco vehículos (excesivo desde cualquier perspectiva), aunque anteriormente disponían de nueve. Es evidente que la gestión administrativa del tribunal, responsabilidad de una Comisión de Administración integrada por el presidente y un magistrado de la Sala Superior, así como por tres consejeros de la judicatura federal, ha sido incapaz de evitar abusos y mantener un manejo ordenado de los recursos. A reserva de retomar el tema más adelante, el futuro del Tribunal Electoral federal precisa de una profunda revisión administrativa.
