El Presidente de México dio inicio a 2024 con un acto de masas muy significativo, pues puede interpretarse como indicación del tono que ha decidido imprimir a la recta final de su mandato. Sobre todo, si relacionamos las consecuencias posibles de su discurso en Veracruz con el clima de ideas atizado por los actos de la ministra Lenia Batres acerca del monto y el marco legal de su sueldo.
El 7 de enero, AMLO conmemoró la huelga de la fábrica textil de Río Blanco, uno de los episodios fundadores de la retórica social de la Revolución Mexicana, asentada firmemente en los artículos doctrinalmente nodales de la Constitución de 1917: el 27 y el 123. El discurso del Presidente, orientado al ámbito laboral y ofrecido a la invocación del General Heriberto Jara, anticipa el énfasis social, deliberadamente conflictivo y, por tanto, movilizador, del cierre de su Gobierno.
Aunque el mandatario vinculó a los obreros de Río Blanco con la figura de Francisco I. Madero, “apóstol de la democracia”, de acuerdo con la lectura liberal del movimiento revolucionario, su encendido discurso terminó ratificando el eje doctrinal de su teoría del Estado, foco de su ejercicio gubernamental. Me refiero a la responsabilidad irrenunciable de la intervención de las instituciones de Estado en la organización de la sociedad, específicamente los procesos económico-productivos. En el caso que nos ocupa, tales procesos se centran en la contención de las ganancias del capital en beneficio de la retribución de la fuerza de trabajo. La intervención de Estado a este respecto ocurre gracias al fortalecimiento del marco jurídico e institucional de asistencia a un tipo de trabajador que, en Río Blanco, no puede ser sino entendido como obrero.
En el complejo sistema de referencias que es habitual en la oratoria lopezobradorista (desapercibido habitualmente para la comentocracia), el recurso a Heriberto Jara, convertido en consejero de Lázaro Cárdenas según las operaciones expresivas del orador, la institucionalidad obrera de un Estado social implica la agitación de la opinión pública y movilización de grupos organizados como el puesto en juego entre 1935 y 1936 para liquidar definitivamente la oposición callista. En el año electoral que nos aguarda, nadie debería ser ingenuo sobre la instrucción presidencial emitida en Río Blanco el domingo pasado.
Las alusiones históricas del Presidente fueron el preludio del anuncio de una iniciativa de reforma constitucional del artículo 123, centrada en el incremento periódico del salario mínimo por encima de la inflación; y del régimen de pensiones hoy vigente, centrada, a su vez, en la descalificación enérgica, dramática, de la filosofía política del zedillismo: foco del neoliberalismo mexicano. Reformas, ambas, potencialmente movilizadoras de contingentes sociales, polarizadoras y agitadoras de la opinión pública: recursos de intervención directa en la vida pública.
Nada, hasta el día de hoy, puntualiza las posibles iniciativas de modificación constitucional; en cambio, es clara la instrucción del Presidente de intensificar el pacto popular del Estado nacional, que ha venido construyendo durante los años más recientes.
