El Presidente presentará un set de reformas constitucionales y legales el 5 de febrero.
En su último año de gobierno, y a 4 meses de las elecciones, presentará por lo menos 10 reformas en materia de pensiones, salario mínimo, Poder Judicial, Electoral, adultos mayores, personas con discapacidad, sistema ferroviario, austeridad, Guardia Nacional y organismos constitucionales autónomos (OCA).
Las reformas constitucionales deben de ser aprobadas por dos tercios del Congreso de la Unión y por la mayoría de los Congresos estatales. Suponiendo que el 100% de quorum, se requieren 334 votos a favor en la Cámara de Diputados y 85 en el Senado. Para las legales requiere 251 votos en Diputados y 65 en el Senado.
Morena, PVEM y PT, controlan 273 escaños en la Cámara de Diputados y 73 (con el PES) en el Senado y controlan 20 de los 32 Congresos estatales. Es decir, no cuentan con la mayoría para reformar la Constitución, pero sí para modificar leyes. El éxito de sus reformas constitucionales depende de un desalineamiento catastrófico dentro del Frente Amplio.
Las reformas que AMLO presente son de tres tipos: las distópicas, las necias y las razonables.
Dentro de las distópicas se encuentra la reforma al sistema de pensiones que busca que quienes se jubilen con la ley de 1997 cobren 100% de su último salario en vez de la tasa de reemplazo actual, (la relación pensión/último salario) que depende del dinero acumulado en las Afore que difícilmente pasa del 40% del último ingreso.
Es distópica porque actualmente ningún país ofrece una tasa de reemplazo del 100%. Las pensiones más altas en Europa rondan el 75% y son países con una recaudación mucho mayor a la de México. Aquí las pensiones representan el 18% del PIB y se estima que alcancen el 30% en 2030. Subirlas a 100% es inviable.
Para quienes cotizan desde 1997, las pensiones son más un esquema de ahorro individualizado administrado por Afore en donde se aporta entre trabajador, patrón y Gobierno aproximadamente el 7% del salario. No obstante en 2020, se aprobó una reforma en la Ley del Seguro Social para incrementar paulatinamente la aportación de los patrones hasta llegar al 15% en 2030. La reforma propuesta por el Presidente implica incrementar las aportaciones que, de provenir del patrón, impactarían negativamente el mercado laboral.
Las pensiones están reguladas en la Ley del Seguro Social, la del ISSSTE y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. La Constitución detalla la tasa de reemplazo. Por lo tanto, una reforma legal es suficiente. No obstante, el Presidente ha anunciado que se tratará de una reforma constitucional, posiblemente al Artículo 123 con lo cual no pasaría.
Aún así, el Presidente ha entrelazado sus reformas. Para calmar al sector privado y a la inversión extranjera, el Presidente propuso que el monto faltante provenga del ahorro del Estado resultado de desaparecer hasta diez OCA, como el Inai, la CRE, la Cofece o el IFT, –una de sus reformas necias.
Para el Presidente los OCA son instituciones corruptas y antidemocráticas, porque sus directivas no son elegidas por voto directo. La democracia liberal implica la protección de derechos como el de la información y la propiedad que no deben estar a discusión de las mayorías. Los OCA garantizan un consenso mínimo sobre la generación de los acuerdos de una directiva elegida de manera indirecta por el Congreso. Los OCA son democráticos. Independientemente de lo anterior, esta reforma es Constitucional y, por lo tanto, AMLO no cuenta con la supermayoría para que sea aprobada.
La iniciativa al sistema de pensiones será acompañada de otras reformas “razonables” como la que establecería que el incremento anual del salario mínimo sea siempre por arriba de la inflación o la universalización de la pensión para personas con discapacidad. Todas reformas súper populares y atractivas, con la intención de ganar respaldo popular.
Lo que ocurra el 5 de febrero será electoral. AMLO aprovechará el periodo de sesiones del 1 de febrero al 30 de abril para que sus reformas se discutan en el Congreso al mismo tiempo que corren los tiempos de intercampañas y el primer mes de campañas electorales. A la vez, trasladará el costo del descarrilamiento de sus reformas distópicas y necias al Frente Amplio, mientras que se quedará con las ganancias de la aprobación de sus reformas razonables. Por último, utilizará sus conferencias matutinas para señalar al Frente Amplio como neoliberal y antipopular en el marco de las reformas, aunque claramente tendrán un efecto en las elecciones.