Desde principios de diciembre, una mesa de seguridad fue instalada entre autoridades federales y electorales. A la fecha, el proceso electoral se ha visto manchado con la sangre de nueve personas.
A partir de ese primer encuentro en la sede de la Secretaría de Gobernación, el objetivo era garantizar la seguridad a 20 mil candidatas y candidatos, 98 millones de electores y más de millón y medio de funcionarias y funcionarios de casilla, y para eso se han realizado 266 mesas regionales en las 32 entidades del país.
¿De qué ha servido? ¿Hay resultados? Parece que la respuesta es no. En los últimos dos meses —específicamente desde el 21 de diciembre de 2023— nueve políticos, activistas y aspirantes a un cargo de elección popular han sido asesinados.
Ricardo Taja, aspirante de Morena a la alcaldía de Acapulco, fue asesinado a balazos mientras comía en un restaurante del puerto guerrerense. Aquí empieza la cuenta.
El 4 de enero, Alfredo Giovanni Lezama, regidor panista en Cuautla, Morelos, fue ultimado en un gimnasio de la capital de ese estado.
No pasaron ni 24 horas de la ejecución de Lezama, cuando David Rey González Moreno, precandidato de la coalición PAN-PRI-PRD a la presidencia municipal de Suchiate, Chiapas, fue rafagueado mientras manejaba su motocicleta.
Ese mismo día, Sergio Hueso, de Movimiento Ciudadano y aspirante a la alcaldía de Armería, Colima, fue asesinado mientras conducía su vehículo.
Seis días después, la activista transgénero y comisionada municipal de Movimiento Ciudadano en Jacona, Michoacán, Miriam Ríos; fue asesinada en el municipio de Zamora.
Otra mujer trans, la activista Samantha Gomes Fonseca, corrió con la misma suerte el 14 de enero, cuando tras hacer una visita al Reclusorio Sur en la Ciudad de México, fue atacada a balazos. Ella era precandidata de Morena al Senado.
La semana pasada, el matrimonio que forman Marcelino Ruiz y Guadalupe Guzmán Cano, fueron ultimados a balazos sobre la carretera federal Chilapa-Tlapa, en Guerrero. Él era perredista y buscaría la alcaldía de Atlixtac, su esposa era consejera estatal del PRD.
Y el sábado pasado, a José Alejandro Naredo García, dirigente municipal del PRD en Cuitláhuac, Veracruz, también le fue arrancada la vida por sicarios que llegaron a balearlo.
Todo esto mientras la autoridades federales y electorales instalan las mesas de seguridad en todas las entidades del país, de cara a las elecciones del próximo 2 de junio.
Faltan menos de cinco meses y las y los políticos, tanto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como del INE, han alertado que la violencia acecha las elecciones de 2024… no se equivocan.
En el baúl. Me cuentan que un tema clave en las mesas de seguridad de cara a la jornada electoral, es la no participación del Ejército en Chiapas. Esto luego de los enfrentamientos que pobladores de distintos municipios han tenido con integrantes de las Fuerzas Armadas.
Basta por hoy, pero el próximo lunes… regresaréeeeeeeee!