Hay un amplio sector en la izquierda latinoamericana que, aunque defiende el marco democrático en sus respectivos países, piensa que no se debe cuestionar la falta de democracia en Venezuela, Nicaragua o Cuba. Esa izquierda subordina totalmente los problemas económicos, sociales y políticos de esos tres países a sus conflictos con Estados Unidos. Así los justifica o invita a silenciarlos en la esfera pública.
Habría que preguntarse qué haría esa izquierda si lo que ha sucedido recientemente en Venezuela se trasplantara a alguno de sus países. Después de años de negociaciones en Barbados entre representantes del gobierno y la oposición, que lograron distender el vínculo con Estados Unidos, eliminar sanciones y mejorar la situación económica del país, Nicolás Maduro prefirió desconocer los acuerdos.
El objetivo central de la oposición, en aquellas pláticas, no fue otro que la obtención de garantías mínimas para que candidatos suyos pudieran competir equitativamente en las elecciones presidenciales de este año. La inhabilitación de candidatos como María Corina Machado y Henrique Capriles Radonski, por causas retroactivas, deja claro que, durante todo este tiempo, el gobierno venezolano estaba engañando a la oposición.
¿Por qué ha tomado Nicolás Maduro, una vez más, la ruta del desconocimiento de la oposición venezolana, a riesgo de revertir la distensión con Estados Unidos? No parece haber otra explicación que el miedo a la derrota electoral en una competencia justa. El poder judicial venezolano, plegado a los intereses del líder y la cúpula gobernante, reabre expedientes contra los posibles competidores de Maduro a pocos meses de las primarias de la oposición y en el arranque del proceso electoral.
¿No es ésta también otra forma de lawfare, como la que se ha aplicado en diversos países contra líderes de izquierda en el gobierno o la oposición? Claro que lo es, pero en una versión más cruda aún, ya que la judicialización contra los rivales, en este caso, se aplica sobre una condición jurídica precaria de actores políticos que son tratados, no como adversarios con derechos, sino como enemigos de la nación o traidores a la patria.
En las versiones más benévolas del contexto político venezolano se sostiene que todavía no es imposible una candidatura opositora, por ejemplo, de Manuel Rosales, actual gobernador del estado de Zulia. Pero el propio Rosales ha dicho que cualquier candidatura, luego de las resoluciones del Tribunal Supremo de Justicia, tendrá que operar en condiciones de desventaja.
Maduro y su gobierno insisten en que sólo son dos los inhabilitados, Machado y Capriles. Claro, los dos perfiles más sólidos en una eventual contienda electoral contra el propio Maduro: el primero, excandidato a la presidencia; la segunda, ganadora en las primarias opositoras. Si alguien quiere tener idea de qué es un autoritarismo no competitivo en América Latina, que mire a Venezuela.
