Este pasado 5 de febrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un ambicioso paquete de reformas constitucionales, en muchos de los ámbitos de la vida pública de este país.
Inciden en la esfera económica, política, social y de organización entre Poderes de la Unión. Son tantos temas, que merecen un estudio cuidadoso cada uno de ellos. En esta entrega mencionaré sólo uno de ellos que me parece de crucial importancia, sin menoscabar el impacto de los demás.
Se trata de la desaparición de órganos constitucionales autónomos como lo son el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre otros.
La idea es regresar las facultades de estos organismos al sector central de la administración pública. Por ejemplo, todas las funciones y facultades del Ifetel pasarían a formar parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Las de la CRE a la Secretaría de Energía, y así sucesivamente.
Esto representa una regresión a los años de los setenta y ochenta del siglo pasado, cuando las secretarías de Estado eran todo poderosas y concentraban muchas decisiones de índole técnico que tomaban con enfoque político, y que, en muchos casos, no contaban siquiera con el conocimiento necesario para dar el mejor resultado desde un punto de vista de política pública.
La creación de estos organismos fue justamente aislar las decisiones de carácter técnico de la administración central, así como desarrollar capital humano con altos grados de especialidad en cada materia, a efecto de generar políticas públicas que empujaran el desarrollo de tal o cual sector.
Tan es así, que el nombramiento de sus comisionados es escalonado y transexenal, para evitar en la mayor medida de lo posible, la injerencia o presión de la administración central en su toma de decisiones. Estos nombramientos son ternas propuestas por el Presidente en turno y tienen que pasar el filtro del Senado de la República.
Eliminar de la administración pública estos organismos significa perder la alta especialización de recursos humanos, generaría inseguridad jurídica para particulares involucrados en actividades concesionadas o productivas y, con muy alta probabilidad, se enfrentará a una cascada de litigios en contravención de los acuerdos comerciales que tiene México, firmados con muchos países, particularmente Estados Unidos y Canadá.
Por el momento, parece que no van a alcanzar los votos en el Congreso para aprobar estas reformas. Pero no sabemos qué pueda pasar más adelante.
