Se trata de observaciones de ingeniería, calidad de construcción y terminación de la misma, las cuales surgieron recientemente cuando Fonatur, entonces a cargo de Javier May, realizó el proceso de entrega-recepción a la Secretaría de la Defensa Nacional, de los tramos 1, 2, 3 y 4 del Tren Maya: poco más de 36 mil observaciones detectadas en los tramos en los que intervinieron empresas privadas en el trayecto que parte de Palenque y llega hasta Cancún.
No son observaciones de índole financiera –nos confirman fuentes enteradas de la situación–, sino de ejecución de la construcción de uno de los proyectos estelares de Andrés Manuel López Obrador, pero que derivarían necesariamente en asuntos de costos y tasa de retorno de la inversión pública ahí colocada. Claro, la Auditoría Superior de la Federación, a cargo de David Colmenares, con su “operación limpieza”, bien podrá aducir que no hay impactos presupuestales efecto de las observaciones reportadas por los ingenieros militares.
Hay observaciones relativamente fáciles de subsanar, como limpiar áreas de trabajo o mover materiales residuales, pero también observaciones de mayor envergadura que requieren soldaduras en estructuras o cambio de rieles, así como de mayor compactación del basamento. Todas ellas para que, en tales tramos, el Tren Maya alcance la velocidad de hasta 140 kilómetros por hora, pueda generar más itinerarios e iniciar movimiento de carga para 2025.
Mala ejecución, a cobrarse como mantenimiento. Los tramos involucrados fueron construidos, como es bien sabido, por consorcios privados que no necesariamente son constructoras como tal, sino administradoras de contratos y de subcontratación. Tramo 1, de Palenque a Escárcega, a cargo de Mota Engil México, de José Miguel Bejos, junto con China-CCC; Tramo 2, de Escárcega a Calkiní, construido por Grupo Carso, junto con la española FCC Construcciones; Tramo 3, de Calkiní a Izamal, ejecutado por Gami-Azvi, que llevan Manuel Muñozcano y José María Martínez, respectivamente; y de Izamal hasta Cancún, por ICA, dirigida por Guadalupe Philips.
Solventar las observaciones (que, de manera aritmética, le habrían sido detectadas en el orden de nueve mil a cada uno de los tramos) llevará tiempo y dinero…, y es ahí donde la situación difícilmente será aceptada por la administración del Tren Maya, que lleva el general Óscar Lozano Águila: los consorcios responsables de la construcción buscan que se les adjudique el contrato de conservación-mantenimiento y con ello empezar a solventar las observaciones.
Vaya, sería cómo si Sedena hubiese comprado nuevas Hummer y el distribuidor los entregara sin dos llantas, pero asegurándole al Ejército que se le colocarán las llantas faltantes cuando las unidades entren al servicio de los 15 mil kilómetros. En suma, la participación de empresas extranjeras no hizo diferencia en el cumplimiento del programa, la calidad de la vía y sí incrementó el presupuesto original entre dos y tres veces.
IFT 4T, telefonía guinda. Al mejor estilo de “no me vengan con que la ley es la ley”, el pleno de comisionados del IFT, que encabeza Javier Juárez, votó el viernes pasado por modificar el título de concesión de CFE TEIT para que pueda ofrecer los servicios de telefonía móvil en ciudades y poblaciones donde ya existe presencia de operadores privados, según limitado solamente a 4.5 millones de beneficiarios de programaa sociales, violando con ello los preceptos constitucionales y legales que ordenan la neutralidad competitiva del Estado.
Es decir, la paraestatal, a cargo de David Pantoja, podrá entrar en los mercados ya cubiertos con servicios 3G por Telcel, AT&T y Movistar, ésta última a cargo de Camilo Aya, la cual, seguramente, será la más afectada, pues su nicho está en el rubro que persigue la paraestatal. Pero ése no es el único problema. El más importante será el reparto a mansalva y sin control de SIM recargados en distritos y alcaldías, como las CDMX, donde Morena necesita “estimular” las simpatías hacia sus candidatos. ¿Y el INE de Guadalupe Taddei?
Crimen organizado toma pozos CDMX. La crisis hídrica en el Valle de México tiene un siniestro componente: la presencia del crimen organizado. El Estado se ha mostrado incapaz de garantizar el acceso al recurso o invertir en dar mantenimiento a la infraestructura o colocar nueva; con más de 40% del agua perdiéndose en fugas (de acuerdo con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que dirige Bernardo Carmona), las organizaciones criminales ven una oportunidad de mercado.
Vaya, sólo en 2020, Sacmex reportó 213 tomas clandestinas, de las cuales organizaciones criminales han tomado el control de pozos de agua en Iztapalapa, Tlalpan y Tláhuac, las cuales venden a ciudadanos desesperados.
De acuerdo con declaraciones públicas de Hugo Rojas, exdirector de Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (Aneas), hasta 15% del agua del país se pierde a través de las tomas clandestinas. Según declaraciones de los propios delincuentes, un huachicolero de agua de la zona centro del país puede tener ingresos mensuales entre 108,000 y 162,000 pesos.
Tan sólo el Gobierno de Ecatepec (uno de los más afectados por este delito en el Valle de México), del morenista Fernando Vilchis, calcula que los grupos ilegales tienen ganancias por mil millones de pesos al año por esta práctica en el municipio.
Aguas con la sequía administrada por criminales.