El arresto, fuera de cualquier regla jurídica convencional, de la académica y activista Rocío San Miguel, en Venezuela, ha abierto un nuevo capítulo de confrontación entre el gobierno de Nicolás Maduro y las redes internacionales y regionales de derechos humanos. Tras las protestas de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, en esa capital, Caracas expulsó a sus miembros del país suramericano.
Naturalmente, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU protestó contra la medida arbitraria. Varias cancillerías de América Latina se han sumado a la protesta, que se replica también en declaraciones de líderes de la región, como el expresidente uruguayo José Mujica. La detención de San Miguel, acusada de terrorismo, así como la anterior inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado, no han sido bien recibidas, incluso, en las cancillerías de Colombia y Brasil, dos gobiernos vecinos del venezolano y encabezados por la izquierda.
San Miguel encabeza una conocida ONG Control Ciudadano, que ha investigado el papel de las Fuerzas Armadas venezolanas en la autocratización del régimen político de ese país. La criminalización de la activista, que ha llegado al extremo de una acusación de intento de asesinato de Nicolás Maduro, inevitablemente enciende las alarmas de la comunidad de derechos humanos a nivel de Naciones Unidas y del sistema interamericano.
Mientras tienen lugar estas acciones, que enervan los vínculos internacionales de Venezuela, el gobierno avanza en el calendario electoral, con el propósito de lograr la reelección de Maduro a fines de este año. La parte no excluida de la oposición, que es la más presumiblemente minoritaria, participa de esa normalización de un proceso electoral no competitivo, que aseguraría la permanencia del madurismo en el poder.
Tanto las inhabilitaciones como el arresto de San Miguel son acciones encaminadas a tensar la cuerda de los vínculos de Maduro con Estados Unidos, Europa, la ONU y el Vaticano. Como en Cuba o en Rusia, esa situación de conflicto internacional se transforma en una coyuntura favorable a la reproducción del poder doméstico, toda vez que la tensión justifica un endurecimiento defensivo y una desconexión normativa.
Como se ve ahora mismo en la Asamblea Nacional venezolana, el aumento de la tensión en el flanco externo sirve al partido oficial para forzar la fractura del campo opositor. Aquellos opositores que negocian condiciones con el gobierno para su participación en la contienda electoral, se asumen ellos mismos o son presentados oficialmente como alternativas a la candidatura de María Corina Machado.
Esa fisura entre una oposición leal y otra desleal es un ardid de los nuevos autoritarismos. Se ve con claridad por estos días en Rusia, donde el gobierno de Vladimir Putin hostiga y persigue a las oposiciones más pro-occidentales, mientras ofrece garantías a Nikolái Jaritónov y el Partido Comunista.
