Las designaciones de las candidaturas al Congreso de la Unión han despertado malestar en parte de la opinión pública, dada la permanencia impune de trayectorias y reputaciones manchadas, burdos cambios de bandera partidista, estrategias frívolas de presentación a la sociedad de futuros legisladores.
En el caso de la oposición, este cínico espectáculo, lejos de sorprender, confirma la red de intereses materiales que efectivamente han venido controlando al país. La oposición, en este sentido, es el comité ejecutivo de un reducidísimo claustro de poderes empresariales, a su vez, vasos capilares de los ejes mundiales del mercado energético, armamentista, químico, de telecomunicaciones… La oposición, por su estatuto subordinado, hace tiempo abandonó la práctica de la política como una esfera relativamente autónoma del orden social; de allí la “moratoria” legislativa, el abandono de la lucha por posiciones electorales locales y regionales.
El caso del partido gobernante es más delicado. Sigo pensando que Morena se asienta sólidamente sobre un heteróclito movimiento social de bases territoriales, capacitado como ninguna otra fuerza política para la acción social. Esto explica en parte la contención de sus contrincantes en un techo máximo de 30% de preferencias electorales, a pesar de cuantiosas inversiones en instrumentos mediáticos y digitales de propaganda sucia. Ese movimiento logró redefinir las bases de la sociedad mediante diversos mecanismos de pedagogía política, agitación ideológica, participación en la riqueza pública y acción directa, capitalizando algunas tradiciones intelectuales de la izquierda popular.
Sin embargo, un diverso y complejo tejido social que alimentó la utopía de la construcción de una esfera renovada de lo político no se representa en los nombres notables de las candidaturas. Esa nómina de posibles legisladores lamentablemente ratifica un hecho característico en la historia de México por lo menos desde hace tres decenios: la privatización de la política, la separación entre política y vida social, la expropiación de la política en beneficio de una clase separada del conjunto de la comunidad.
¿Por qué una efectiva transformación de la actividad política en claves sociales y populares no ha podido penetrar la fortaleza simbólica de los organismos institucionales del poder público, en este caso el Congreso? ¿Por qué las cámaras permanecen como sede excluyente de una élite de iniciados en el manejo del presupuesto, la legislación, las políticas de Estado?
El peligro no sólo radica en la inminente flaqueza de la lealtad de los notables integrados en las listas con la izquierda, fuente futura de problemas de gobernabilidad; el riesgo es más grave: la prohibición a los agentes del movimiento popular de acceder al manejo real del Estado; esto es, la separación definitiva entre política y sociedad, camino seguro a la erosión del consenso y la falta de legitimidad del grupo gobernante (independientemente de una cosecha millonaria de votos). Una segregación todavía más grave que la operada por la cultura del neoliberalismo, pues la habría llevado a cabo un partido político de izquierda en contra de sus propias bases.
