Esta semana el debate público ha estado centrado en dos temas.
El primero, la marcha ciudadana del domingo pasado que aglomeró a miles de personas en el Zócalo capitalino y reunió a muchos ciudadanos en otras ciudades del país. El segundo, la inercia y las nuevas publicaciones que revelan un presunto vínculo entre personas del entorno del Presidente López Obrador con el crimen organizado.
De manera paralela, también han escalado las declaraciones de AMLO sobre la “respetuosa intervención” del Ejecutivo para que el expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar, cuidara ciertos asuntos que estaban en la cancha del Poder Judicial y lo que parece ser el inicio del fin para Movimiento Ciudadano. A continuación una reflexión sobre estos cuatro asuntos.
La Marea Rosa: La marcha del domingo pasado no fue una demostración de apoyo a Xóchitl Gálvez y los partidos del Frente, sino un rechazo a lo que para millones de personas es una regresión democrática.
Las iniciativas presentadas por el Presidente, especialmente las reformas al Poder Judicial y en materia electoral, preocupan. Si bien están impulsadas por la narrativa presidencial en contra de la corrupción y en pro de la austeridad-redistribución del ingreso, en realidad se trata de reformas que atentan contra los mecanismos contramayoritarios de toda democracia liberal-constitucional que potencialmente atentaría contra los derechos, la seguridad jurídica y la representación de las minorías.
En la visión cuatrotera de la democracia, la mayoría con la que cuentan es la que manda. La marcha muestra que no por ser minoría son pocos. Exigen elecciones legales y limpias que les permitan espacios de representación, jueces distantes de la dinámica política/electoral que protejan sus derechos y libertades e instituciones que les brinden seguridad jurídica para confiar en el futuro.
#NarcoPresidente: Los señalamientos en contra de personas cercanas a López Obrador por sus presuntos vínculos con el crimen organizado no han parado. Ahora fue el New York Times el que reveló que en Estados Unidos se investigó si el crimen organizado presuntamente financió la campaña presidencial de AMLO en 2018. Son acusaciones gravísimas, que más allá de su veracidad o no y de las investigaciones penales que se deberían de iniciar, han alimentado protestas y señalamientos en la marcha del domingo y en redes sociales.
El Presidente reveló el teléfono de la periodista que escribió el artículo en el New York Times y lo justificó como una especie de reacción por poner en entredicho al Presidente de México. Además pidió al Departamento del Estado de Estados Unidos que confirmara si había una investigación en su contra, lo cual se negó. A diferencia de otros temas, parece que al Presidente le costará más trabajo desprenderse de éste y revela dos estrategias de la oposición: la seguridad será un tema central en la campaña y será AMLO y no Sheinbaum el foco de los golpes.
No es poca cosa. Una de las deudas más grandes de este Gobierno ha sido la seguridad. El crimen organizado ha infiltrado al Estado, ha capturado zonas completas del país en donde permite y prohíbe el tránsito de personas, bienes y servicios no sólo de otras organizaciones criminales, sino también de empresas privadas, instituciones públicas y partidos políticos. El poder del crimen organizado ejercido por una violencia ilegítima, ilegal y desgarradora ya ha cobrado la vida de 17 aspirantes a cargos públicos. Pero el poder económico que posee también tiene el potencial de influir en las campañas electorales. Ésta es una realidad que lleva años sucediendo y que no ha hecho más que aumentar conforme el crimen organizado se diversifica y fortalece.
Intervencionismo: Como si no fuera poco, el Presidente reveló en una de sus mañaneras que intervino en casos que estaban en la sede Judicial cuando Arturo Zaldívar era el presidente de la Corte. Lamenta que esa buena relación y comunicación entre poderes se haya roto en perjuicio de la gente, el bien común y la justicia social. En realidad lamenta no poder intervenir en el Poder Judicial, ahora presidido por una verdadera garante de la independencia y autonomía a la que difícilmente veremos asesorando a un candidato o una candidata presidencial, como sí lo hace ahora el exministro Zaldívar.
Desorden Ciudadano: Movimiento Ciudadano se cae a pedazos. La “tercera vía” socialdemócrata y progresista de Patricia Mercado, Clemente Castañeda o Salomón Chertorivski, ahora está en manos de Sandra Cuevas, Roberto Palazuelos, Gibrán Ramírez y Alejandra Barrales. No sólo perdieron la oportunidad de volverse una alternativa política seria, perdieron a su candidato presidencial. Ahora pierden su congruencia y en una de ésas hasta pierdan el registro.
